Muestra su oposición especialmente a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones económicas a favor de personas en situación de dependencia derivadas de la Ley de Autonomía Personal
El Comité Ejecutivo del CERMI ha aprobado, en su última reunión, un documento donde expresa el “firme rechazo” de la discapacidad organizada a las decisiones restrictivas de derechos y prestaciones sociales para la reducción del déficit público que ha aprobado el Gobierno.
En especial, muestra su oposición a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones económicas a favor de personas en situación de dependencia derivadas de la Ley de Autonomía Personal, ya que “va a suponer una reducción en la protección económica de estas personas y de sus familias, mermando incluso situaciones consolidadas, que van a sufrir los efectos negativos de la pésima gestión de muchas Comunidades Autónomas”.
En opinión del CERMI, serán los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables los que van a pagar las consecuencias de la actuación de unas Administraciones territoriales que no han sido capaces de resolver las solicitudes de prestaciones en los plazos marcados por la propia Ley. Muchas personas con discapacidad que perciben pensiones de los distintos sistemas públicos de previsión social van también a verse perjudicados por las medidas en materia de congelación de este tipo de prestaciones.
La Ley y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no necesitan recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales aún sin respuesta.
Según este Comité, “la superación de la actual crisis económica y de empleo, que sufren las personas con discapacidad y sus familias con mucha mayor intensidad que otros sectores ciudadanos, no puede pasar por la salida fácil de recortar o suprimir los derechos y prestaciones de carácter social, que en España son todavía débiles, inestables y discontinuos”.
En su opinión, “estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de los hombres y mujeres con discapacidad y sus familias”.
El CERMI, como organización representativa de las personas con discapacidad y sus familias, actuará para impedir y contrarrestar la adopción de medidas, presentes y futuras, que vayan en contra de la inclusión y las protección sociales de los grupos ciudadanos más vulnerables, alertando, movilizando y activando sus estructuras y su capacidad de influencia y presión para la consecución de estos objetivos.
En estos momentos en los que un contexto económico y social tan adverso exige decisiones de gran calado y alcance, los poderes públicos y los gobiernos deben contar activamente con los movimientos sociales, como el de la discapacidad, en la preparación, diseño, implantación y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis, a fin de que éstas surjan con la legitimidad ciudadana imprescindible.
En esta línea, el CERMI Estatal invita a los CERMIS Autonómicos a pronunciarse públicamente contra los recortes sociales en sus respectivos territorios, para que la discapacidad organizada esté presente y haga oír su voz en todas los ámbitos de decisión, de relación y de convivencia.
