FEAPS movilizará a 230.000 familias si las administraciones públicas no pagan la deuda contraida con sus entidades Como consecuencia de los recortes presupuestarios y retraso en los pagos

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La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) se reunió el viernes pasado en Madrid con el fin de analizar y debatir sobre la situación de crisis que están viviendo sus entidades en estos momentos, y adoptar las medidas oportunas. 

 

Aparte de los impagos que las Administraciones Públicas tienen contraídos con las entidades de nuestro movimiento asociativo, la Junta ha constatado que hay servicios y plazas de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que no han sido creadas. Asimismo, se han empezado a perder puestos de trabajo. 

 

Esta situación está repercutiendo directa e indirectamente sobre un tercio de las más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, atendidas por las entidades de FEAPS. 

 

La Junta Directiva de FEAPS quiere transmitir a la opinión pública que “cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo que se queda sin plaza en un servicio que necesita, equivaldría a un niño que se queda sin educación o a un ciudadano sin atención médica”. Estas personas son especialmente vulnerables, porque sin la cobertura de apoyos y servicios que les prestan sus entidades, se encuentran sin alternativa. En este sentido, el sector social no es como otros, también afectados por la crisis, pero que pueden encontrar alguna salida a la misma. 

 

Desde hace meses, las entidades de FEAPS están llevando a cabo medidas de austeridad y ajuste que tratan de paliar la grave situación económica que viven, haciendo que se garanticen los apoyos y servicios que –por derecho–, precisan estas personas y sus familias. Sin embargo, las actuales circunstancias comienzan a hacer insostenible este propósito y están dando al traste con todos estos esfuerzos. 

 

FEAPS se pone a disposición de las Administraciones Públicas para encontrar de forma conjunta soluciones y medidas particulares en cada comunidad autónoma.