El TTIP podría favorecer el secuestro de las políticas públicas de salud por parte de la industria farmacéutica

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  • En los términos que se están desvelando, el TTIP incrementaría de manera alarmante el gasto sanitario para los gobiernos y dificultará el acceso a los medicamentos de la población más vulnerable.

 

Farmamundi insta a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a exigir la participación de los agentes sociales en las negociaciones

Performance realizada en Madrid contra el TTIP/ Amigos de la Tierra.
Performance realizada en Madrid contra el TTIP/ Amigos de la Tierra.

La Unión Europea y los Estados Unidos están negociando a espaldas de la sociedad y con una limitada participación de sus órganos democráticos, un acuerdo bilateral que afectará de forma significativa a la vida de sus ciudadanos. Se trata del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas en inglés), que busca igualar la regulación y normativas de producción y comercialización de bienes y servicios en ambas zonas económicas para potenciar el comercio y la inversión, según argumentan las partes. A pesar del secretismo con el que las comisiones negociadoras están llevando este acuerdo, gracias a las filtraciones de algunos documentos hechas por Greenpeace Holanda y las experiencias de otros acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio, se desvela que el TTIP podría tener un impacto negativo en los sistemas públicos de salud y en la asequibilidad de los medicamentos, especialmente para los ciudadanos europeos.

Una de las máximas del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) es la homogenización de normativas y regulaciones de ambas zonas, armonizándolas según los niveles más bajos de exigencia que pudieran existir en cada una de ellas. Esa armonización a la baja implicaría una liberalización de decenas de sectores en la UE, sometidos a normativas mucho más exigentes que las existentes en EEUU. Este nuevo orden dotaría de un mayor poder de decisión y determinación del funcionamiento de nuestra sociedad a las empresas  transnacionales en detrimento del que puedan tener los ciudadanos a través de sus instituciones y órganos democráticos.

Debilita los controles de calidad y seguridad
La firma del TTIP en los términos que ahora se van conociendo e intuyen, podría suponer para la UE debilitar los controles de calidad y seguridad de la producción y distribución de bienes y servicios, poniendo en riesgo los estándares relevantes para la producción agrícola, la alimentación, el medioambiente o la salud. De hecho, en los documentos filtrados recientemente por Greenpeace Holanda, en el Artículo X.11 Procedimientos sanitarios y fitosanitarios de importación”, se especifica la necesidad de fijarlos “con el objetivo de minimizar los efectos negativos en el comercio y simplificar y agilizar los procesos aduaneros y de autorización” y apostillan en el acta, en el punto 2.3: “Parece que EEUU pretende simplificar los procedimientos de certificación tanto como sea posible. La UE entiende la certificación como un aspecto más de las condiciones de comercio en general, y mostró su disposición a tratar esta materia con cierta flexibilidad, siempre y cuando se traten también otros aspectos de las condiciones bilaterales de comercio (auditorías, procedimientos rápidos de aprobación).

Desde Farmamundi queremos alertar de los peligros de ceder poder a los lobbies corporativos –que sí están al corriente de las negociaciones- para construir un nuevo marco mundial de relaciones económicas y sociales que anteponga los beneficios empresariales a los intereses de la ciudadanía. El tratado, con ello, pretendería, en último término, limitar la soberanía de los gobiernos elegidos democráticamente en el control y dirección de múltiples aspectos socioeconómicos de cada uno de los países de la UE y de los EEUU, entregando más poder a los grupos empresariales transnacionales e inversores privados.

Las amenazas más importantes para la salud
En el ámbito de la salud pública, varios agentes sociales (como Universidades aliadas por los Medicamentos Esenciales-UAEM, Medicines in Europe Forum, hai Europe, Salud por derecho, la plataforma ‘No Gracias’ o la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Salud Pública –FADSP), entre los que se encuentra Farmamundi como ONG referente en el acceso a medicamentos, coinciden en que la aprobación del tratado tendría un impacto significativo en los sistemas públicos de salud y en la asequibilidad de los medicamentos que, en definitiva, podría favorecer un secuestro de las políticas públicas de salud por parte de la industria farmacéutica al dotar a las empresas  transnacionales de mayor poder a la hora de presionar en la toma de decisiones en lo que a salud respecta.

En este sentido, los efectos del particular tratamiento de los aspectos relacionados con la propiedad intelectual, así como otros vinculados a la regulación del sistema de inversiones o la resolución de conflictos sobre los sistemas de salud pública y el acceso a los medicamentos que previsiblemente se incorporen en el tratado, pueden tener efectos muy negativos para el bienestar del conjunto de los ciudadanos.

Las amenazas más importantes previsibles para la sanidad pública de los estados de bienestar en Europa se relacionan con la privatización de los servicios sanitarios, considerados por los inversores privados y por la industria farmacéutica de tecnologías sanitarias con un enorme potencial de negocio; la dificultad de reversión de las privatizaciones que en su momento lleguen a efectuarse; el condicionamiento de las políticas públicas de salud que cuestionen los beneficios de las empresas privadas que operen en el sector; la incidencia sobre la asequibilidad de los medicamentos; la falta de incentivos para la producción de genéricos o las facilidades para alargar patentes, entre otras muchas.

De concretarse algunas de las medidas que ya se han contenido o se han intentado incorporar en algunos tratados comerciales y de inversión bilaterales o multilaterales -como el Trans-Pacific Partnership (TPP, Partenariado Trans-Pacífico) recientemente firmado por EEUU y otros 11 países de la cuenca del Pacífico y pendiente de ratificación-, las medidas sanitarias que han velado  por  la reducción y contención del gasto farmacéutico (potenciando  los medicamentos genéricos, estableciendo  precios de referencia y la prescripción por principio activo) como es el caso de España, estarían en peligro. El ‘caso Gilead’, donde el laboratorio farmacéutico estadounidense impuso un precio desorbitado para el sofosbuvir, medicamento para el tratamiento de la hepatitis C, no es sino un ejemplo de esas tendencias privatizadoras de la sanidad pública y de la concentración monopolística en el sector farmacéutico, favorecidas por el proceso de globalización de la economía en el ámbito de la salud.

En resumen, desde Farmamundi entendemos que las principales amenazas para la salud, de aprobarse el tratado, serían:

  1. Prolongar el tiempo de vigencia de las patentes de los medicamentos a más de 20 años, retrasando la entrada de los genéricos en el mercado.
  2. Reducir los requisitos para las patentes (más permisivos en Estados Unidos), para facilitar la comercialización de las innovaciones biotecnológicas.
  3. Prohibir o  limitar las políticas de los gobiernos de precios y reembolsos que dan a los Estados la flexibilidad y los instrumentos necesarios para limitar los gastos de los sistemas de salud pública, permitiéndoles proteger la salud pública no reembolsando medicamentos que tengan un ratio cuestionable de daños y beneficio.
  4. No limitar el uso de marcas registradas. Esto podría reducir el uso de genéricos y por tanto sería un obstáculo a la accesibilidad.
  5. Incluir mecanismos de arbitraje ajenos a los tribunales de justicia de los países (arbitraje Inversionista–Estado) para que las compañías puedan reclamar compensaciones económicas por decisiones que afecten a las patentes, genéricos o controles de precios que reduzcan los resultados de sus negocios.
  6. Limitar la información de los resultados de los ensayos clínicos de nuevos fármacos, estableciendo una lista armonizada de los resultados de ensayos clínicos y acordando cuáles serían de divulgación pública. La confidencialidad podría llegar incluso a ocultar falta de eficacia o efectos nocivos en los medicamentos.
  7. Eliminar o reducir la exigencia de duplicar pruebas clínicas para facilitar la entrada de productos.
  8. Favorecer la entrada de inversores privados dentro de los servicios públicos para conseguir la privatización de éstos.

Todas estas medidas incrementarán de manera alarmante el gasto sanitario para los gobiernos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos, y dificultarán el acceso a los medicamentos de la población más vulnerable, ya que incluso podrían suponer la reducción de las salvaguardas al Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que se crearon en la Declaración de Doha para facilitar la asequibilidad de los medicamentos.

Farmamundi denuncia
El crecimiento económico es un objetivo que no puede dejar de lado en este nuevo mapa otras fichas imprescindibles en el tablero de juego como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo o los compromisos de la reciente Cumbre del Clima de París. Los derechos y la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad del planeta no sólo son más importantes que el crecimiento económico, sino que sin ellos este crecimiento sería inconcebible.

En este sentido, desde Farmamundi denunciamos que algo tan crucial como es este tipo de acuerdos se realicen a espaldas de la sociedad civil que ha tenido un acceso escaso a las negociaciones. Que no nos engañen, el TTIP no debe ser entendido como una lucha de fuerzas entre EEUU y la UE, sino un pulso de ambas partes frente a la ciudadanía y sus derechos. Hay que recordar que los jefes de Estado y de Gobierno ya se pronunciaron a favor del TTIP en las cumbres de marzo y diciembre de 2015. Exigimos un sistema económico al servicio de las personas, que promueva el desarrollo de sociedades más justas y menos desiguales y garantice la protección del planeta que habitamos. Favorecer el acceso universal a la salud tiene que estar por delante de cualquier interés económico.