Tras un año de parálisis en la instrucción del procedimiento penal abierto en los juzgados Ceuta por las 15 muertes acaecidas hace un año en la frontera ceutí de El Tarajal, en el día de ayer tuvimos conocimiento de la imputación de 16 agentes de la Guardia Civil implicados de los hechos. Desde el inicio este proceso ha estado presidido por la falta de voluntad política por parte del Gobierno español para facilitar el esclarecimiento de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades, no habiendo destacado tampoco hasta ahora el impulso judicial del proceso.
Sin embargo, esta novedad procesal ha abierto la esperanza respecto a que el terrible manto de la impunidad no acabe enterrando esta tragedia intolerable, y con ello también la esperanza de que todavía se puede tener una mínima confianza en el Estado de Derecho como herramienta para restablecer la memoria de las víctimas y paliar en la medida de lo posible la irreparable pérdida de sus familias. Es obligado destacar y agradecer el trabajo de los colectivos sociales personados en la instrucción, muy especialmente el de los/as compañeros/as de Coordinadora de Barrios, que ha hecho posible la señalada imputación.
Memoria, asunción de responsabilidades y reparación para las víctimas de El Tarajal es lo que pedíamos el pasado sábado por las calles de Ceuta alrededor de 700 personas y colectivos sociales, entre ellos la APDHA. Al día siguiente el delegado del Gobierno en Ceuta, el sr. González Pérez calificaba de “miserables” a quiénes participábamos en ese acto y nos amenazaba con acciones judiciales. Nos gustaría aclarar al sr. González que esos “miserables” eran ciudadanos/as ejerciendo ciudadanía, en este caso en nombre de las 15 personas fallecidas en El Tarajal, a las que hace 1 año se les privó para siempre del sueño de ejercerla en libertad y seguridad. Y el paso dado por la magistrada encargada del caso imputando a esos miembros de las fuerzas de la seguridad del Estado parece desmentir que esos cientos de ciudadanos/as que pedían Justicia hace apenas uno días en Ceuta fueran una turba de radicales indocumentados, tal como quería presentarlos el sr. delegado.
Por supuesto que la imputación tan sólo representa un paso de los muchos que se tienen que dar en el camino para alcanzar en este caso una solución a la altura del daño infringido tanto a las víctimas y a sus familias como a la credibilidad de nuestro Estado de Derecho, seriamente cuestionado por la gestión gubernamental del mismo. Y por ello los colectivos de la sociedad civil en general y la APDHA en particular renovamos el compromiso de no cejar en nuestro empeño de conseguir una resolución del caso justa, y para ello utilizaremos, pese a quién le pese, todas las herramientas sociales, políticas y jurídicas que el sistema democrático pone a nuestro alcance.
