Yemen: Ola de detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas huzíes para perseguir a opositores

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El sobrino del periodista crítico (varias veces detenido por fuerzas huzíes) Abdelkhaleq Amran muestra una foto de su tío durante una manifestación en Saná, Yemen. © Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha declarado hoy en un nuevo informe que el grupo armado huzí, respaldado por las fuerzas de seguridad del Estado, ha llevado a cabo una ola de detenciones de sus opositores, arrestando arbitrariamente a punta de pistola a las personas críticas y sometiendo a desaparición forzada a algunas de ellas en el marco de una aterradora campaña para acallar la disidencia en las zonas de Yemen que están bajo control huzí,

Where is my father? Detention and disappearance in Huthi-controlled Yemen, que se basa en 60 casos de detenciones analizados detalladamente por la organización, revela el uso reiterado de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Saná, Ibb, Taiz y Hodeidah entre diciembre de 2014 y marzo de 2016. Estas acciones se han dirigido contra personalidades de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y académicos, entre otras personas. Muchas de ellas han permanecido recluidas en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, han sufrido tortura y otros malos tratos y se les ha negado el acceso a un abogado y a sus familiares.

Las fuerzas huzíes son responsables de una campaña deliberada y brutal, iniciada en diciembre de 2014, dirigida contra sus opositores políticos y otras personas críticas. Cientos de personas han sido detenidas y recluidas sin cargos ni juicio, y en algunos casos han sido objeto de desaparición forzada en flagrante violación del derecho internacional”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“La desaparición forzada es un crimen abominable y no puede justificarse en ninguna circunstancia. En lugar de encarcelar a opositores durante semanas o meses, el grupo armado huzí debe poner en libertad a cualquier persona que haya sido detenida arbitrariamente, establecer salvaguardias para garantizar que los detenidos reciben un trato humano y dictar instrucciones claras de que cualquier persona bajo su mando que cometa abusos tendrá que rendir cuentas.”

En la inmensa mayoría de los casos, a las personas detenidas no se les comunicaron los motivos de su arresto. Algunos presos han permanecido recluidos hasta 17 meses sin comparecer ante la fiscalía ni ante un juez. Ninguna de las personas detenidas que figuran en el informe ha sido acusada formalmente ni ha tenido la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención. Altos cargos huzíes contaron a Amnistía Internacional en mayo de 2016 que las personas detenidas estaban recluidas “porque dieron coordenadas GPS a la coalición liderada por Arabia Saudí.”

Amnistía Internacional ha obtenido documentos que indican que la Fiscalía de Saná había concluido que la detención de decenas de activistas políticos, periodistas y otras personas carecía de base jurídica y había ordenado su puesta en libertad, al parecer sin ningún efecto.

Muchos detenidos han permanecido recluidos en secreto en centros de detención improvisados, incluidas casas particulares, y han sido traslados en repetidas ocasiones a diferentes lugares. 18 personas cuyos casos figuran en el informe de Amnistía Internacional siguen recluidas. Se desconoce el paradero de tres de ellas.

El informe incluye angustiosos relatos de ex detenidos, y de familiares de detenidos, que describieron a Amnistía Internacional el uso de tortura y otros malos tratos bajo custodia.

Los familiares del estudiante de 21 años Abdul ilah Saylan, arrestado delante de una cafetería en Saná en agosto de 2015, describen cómo miembros de las fuerzas de seguridad lo torturaron delante de ellos cuando lo visitaron en su lugar de detención en febrero de 2016.

“El guardia comenzó a golpearlo. Se le unieron tres guardias más y mirábamos […] cómo los cuatro lo golpeaban brutalmente. ¿Puedes imaginar qué se siente al verlo sangrar por la nariz y la boca y finalmente perder el conocimiento a causa de los golpes y no poder hacer nada para ayudarlo?[…] Cuando se desmayó, lo arrastraron dentro y nos dijeron que nos fuéramos a casa”, afirmó uno de sus familiares.

Unas semanas después, cuando lo volvieron a visitar, el rostro de Abdul ilah Saylan estaba lleno de moretones y hematomas. Les contó que cuando recobró el conocimiento estaba atado y siete hombres lo golpearon hasta que estuvo a punto de desmayarse de nuevo. No se le han imputado cargos formalmente ni se le ha informado de los motivos de su detención, pese a que sus familiares han instado a las autoridades penitenciarias a que lo lleven ante un tribunal. En septiembre de 2015, un canal de la televisión yemení emitió un video de su “confesión”, aparentemente realizada bajo coacción, en la que afirmaba ser combatiente de un grupo antihuzí.

Un ex detenido, que se hallaba entre los 25 hombres —incluidos periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos— detenidos arbitrariamente en el hotel Garden de Ibb en octubre de 2015, describió a Amnistía Internacional las torturas que sufrió durante 90 minutos a manos de sus interrogadores. Le vendaron los ojos, le ataron las manos y le golpearon con un palo por todo el cuerpo. También le aplicaron descargas eléctricas en el pecho, el cuello, los antebrazos y las ingles.

Un amplio espectro de personas perseguidas
Este hostigamiento ha ido dirigido principalmente contra activistas, periodistas u otras personalidades afiliadas a Al Islah, un partido político islamista suní que se opuso a la toma de poder huzí y anunció su apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudí en abril de 2015. Sin embargo, en algunos casos los detenidos no tenían una filiación política conocida ni un historial que explicara por qué se los perseguía. Entre las personas que han sido detenidas arbitrariamente hay al menos 11 periodistas.

Mohamed Qahtan, destacada figura del partido Al Islah y abierto crítico de los huzíes, es uno de los varios integrantes del grupo perseguidos, arrestados, o cuyas casas han sido asaltadas por el grupo armado huzí. Se encuentra desaparecido desde abril de 2015, cuando una decena de hombres armados vestidos de civil se lo llevaron de su casa. A sus familiares sólo les han permitido visitarlo una vez, tres días después de su arresto. Desde ese momento se desconoce su paradero, lo que hace temer a su familia que pueda estar muerto.

Adel Hajr, profesor de Hodeidah, permanece recluido desde diciembre de 2014. Lo detuvieron junto a un grupo de amigos durante las oraciones de la tarde del viernes. No le comunicaron el motivo de su detención y ha permanecido recluido en régimen de incomunicación durante periodos prolongados.

“Adel es padre de una niña y un niño pequeños, sólo es un profesor de matemáticas. En su tiempo libre era voluntario en un orfanato. ¿Por qué se lo llevaron?”, dijo su esposa Arwa a Amnistía Internacional.

“Privar de libertad a alguien al azar —sin base jurídica alguna para su detención— es una violación inadmisible de sus derechos”, ha sostenido James Lynch.

“Además tiene consecuencias terribles para sus familiares. Pueden pasar meses intentando averiguar la suerte de sus seres queridos desaparecidos, o luchando por su liberación incluso cuando no se ha formulado una acusación contra ellos.”

En un memorando dirigido a Amnistía Internacional el 16 de mayo, el Ministerio de Derechos Humanos con sede en la capital yemení, Saná, bajo control huzí, decía que las acusaciones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura “no tenían fundamento” y que las personas que critican a las autoridades de Saná “no han sido sometidas a ninguna medida represiva”, pues “Yemen y sus autoridades creen firmemente en la libertad de expresión”.

En las conversaciones sobre la paz en Yemen, que se están desarrollando en Kuwait, se ha creado un comité para los presos y detenidos. Amnistía Internacional pide a las partes en las conversaciones de paz, así como a los actores internacionales que facilitan o apoyan el proceso, que garanticen que durante las negociaciones se dé prioridad a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares en las zonas controladas por huzíes.