La Rioja cuenta con 210 plazas públicas en centros ocupacionales para personas con discapacidad debido a los contratos administrativos que firmó ayer la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, con las principales asociaciones de discapacitados de la región.
Hasta ahora las plazas eran privadas, aunque contaban con la ayuda del Gobierno riojano a través de subvenciones, y son las primeras con carácter público en centros ocupacionales de la región.
El presupuesto de los contratos suscritos por la responsable de servicios sociales asciende a 1,3 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que cada una de las 210 plazas tiene un coste diario de 30,78 euros. El Gobierno riojano se hace con el control de las plazas durante cuatro años, aunque el acuerdo es prorrogable «por anualidades hasta ocho años».
Asprodema, que trabaja con personas que sufren retraso mental, aporta cincuenta plazas en Logroño; el centro Ancora de la Asociación Riojana Pro Personas con Deficiencia Psíquica (ARPS), situado en Calahorra, contará con 65 plazas de carácter público; el centro de rehabilitación psicosocial de la Asociación Riojana de Familiares de Enfermos Psíquicos, (Arfes), tendrá 60 plazas para personas con enfermedades mentales crónicas; y Aspace, a través del centro ocupación y de día, contará con 35 plazas públicas para personas con parálisis cerebral y deficiencias afines.
