El Congreso aprobó por aplastante mayoría la Ley de Promoción de la Autonomía Personal . La ley garantizará el derecho a la atención social a todos los españoles mayores de tres años que no pueden valerse por sí mismos. Todos los partidos apoyaron la ley con la excepción de PNV, CiU, EA y NBai, que opinan que esta norma invade competencias de las comunidades autónomas .
La ley establece que los servicios de atención a los dependientes, preferentemente públicos y concertados, se integrarán en el Sistema Nacional de Dependencia, que se financiará con las aportaciones de las administraciones central y autonómicas, y el copago de los beneficiarios según su renta y patrimonio (incluido el valor de la vivienda). La suscripción de un seguro de dependencia privado permitirá desgravar.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en su intervención previa a la votación de la norma para su envío al Senado, ha garantizado que la ley no invade las competencias autonómicas. Para Caldera, la norma no supone «despojar de sus competencias a nadie», ya que, según ha dicho, las comunidades ejercen su competencia en servicios sociales, y el Estado, en garantizar «un mínimo» estándar de igualdad de las prestaciones y servicios en todo el territorio español.
