Tres personas han sido condenadas a penas de prisión en Myanmar por ofrecer agua a unos monjes en la calle. Tres condenas más en la ola de penas de encarcelamiento que se han dictado desde que las autoridades reprimieron con violencia las manifestaciones hace seis meses.
Amnistía Internacional hizo públicos pormenores de las condenas el lunes, después de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pasara una resolución el viernes criticando la situación de los derechos humanos en el país. El Consejo exhortó a las autoridades de Myanmar a poner en libertad a todos los presos políticos y a tomar medidas urgentes para poner fin a los abusos.
Las investigaciones de Amnistía Internacional revelaron que se habían impuesto penas de prisión a por lo menos 40 manifestantes, entre ellos siete monjes. Las condenas parecen deberse a motivos políticos o al ejercicio pacífico de los derechos humanos por parte de los manifestantes.
“No se ha dictado ni una sola condena por las razones, por lo demás legítimas, señaladas por las autoridades, sino por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y reunión. Tres personas fueron condenadas por el mero hecho de dar agua a los monjes en la calle”, ha dicho Amnistía Internacional.
Los medios de comunicación estatales de Myanmar anunciaron el 7 de noviembre de 2007 que se emprenderían actuaciones legales contra las personas que hubieran participado en “actos de violencia y terrorismo de una forma u otra”. El 3 de diciembre, el jefe de la policía myanmara, Khin Yi, anunció en conferencia de prensa que “sólo las personas implicadas en incendios provocados o en posesión de armas ilegales serían llevadas a juicio”.
“De la misma manera que el gobierno de Myanmar ha intentado desviar la atención internacional hacia su referéndum constitucional para apartarla de las medidas represivas del pasado mes de septiembre, también ha redirigido su represión de las protestas legítimas, pasando de las calles a los juicios a puerta cerrada”, ha dicho Amnistía Internacional.
“Al igual que con el referéndum el gobierno trata de legitimar el régimen militar en Myanmar, con las penas de cárcel intenta justificar su violenta represión de la disidencia pacífica”.
Al menos 700 personas detenidas durante las protestas de septiembre y desde entonces permanecen encarceladas, y no se ha puesto en libertad a 1.150 presos políticos encarcelados antes de las protestas.
“La reciente condena de manifestantes implicados en la represión de septiembre pasado también debe considerarse a la luz de la detención arbitraria del resto de las aproximadamente 660 personas o más que llevan ya seis meses tras las rejas sin vislumbrar un final a su situación”, ha dicho Amnistía Internacional.
En vista de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que presione a Myanmar para que permita que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar lleve a cabo de inmediato una visita de investigación a este país.
