El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) valora “muy positivamente” la reciente aprobación de las nuevas directrices en materia de esterilización de mujeres con discapacidad, adoptadas por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
El texto reconoce que “únicamente las propias mujeres y no los familiares o los tutores legales pueden dar un consentimiento válido, desde la perspectiva de la ética, a su propia esterilización”.
Además, la recomendación afirma que “ninguna mujer podrá ser esterilizada sin prestar su consentimiento previo, informado y propio, sin coacción, presión o alicientes impropios por parte de los profesionales o instituciones de la atención sanitaria”. Por otra parte, las directrices incluyen referencias explícitas a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así, el CERMI considera que este pronunciamiento de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia supone “un avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres con discapacidad, especialmente vulnerables en este aspecto”, y pide “encarecidamente” a otros estamentos profesionales relacionados con esta materia, “pronunciamientos análogos”.
Por último, el Comité recuerda las demandas del sector social de la discapacidad en materia de esterilización forzada, que se traducen en la necesaria elaboración de un estudio inicial sobre la situación de la esterilización en personas con discapacidad con perspectiva de género, edad y tipo de discapacidad, que incluya estadísticas exactas sobre esterilización forzada y terapéutica; y la creación de una comisión multidisciplinar que analice la situación y revise la legislación en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
