El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria* instó al Gobierno de El Salvador a que asegure que el derecho a la seguridad no anule el derecho a no ser sometido a detención arbitraria. El Grupo de Trabajo planteó también su profunda preocupación por el extremo hacinamiento en las cárceles y centros de detención policial. Otras preocupaciones claves son: falta de notificación por escrito de las sentencias condenatorias y la falta de acceso efectivo a la defensa. El Grupo de Trabajo también señaló la dependencia excesiva de los testimonios de los testigos de oportunidad (conocidos como “criteriados”). «Esta práctica no sólo afecta a la credibilidad de los testimonios debido a los incentivos ofrecidos, sino que también pone en peligro la imparcialidad del proceso judicial, ya que el procedimiento de contra-interrogatorio de testigos a menudo no es posible», dijo El-Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo.
El Grupo de Trabajo también expresó su preocupación por el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez. También expresó su preocupación por el proceso de apelaciones, recursos de casación y solicitudes de liberación condicional. «El hecho de que algunas personas esperen ocho años para recibir respuesta a su apelación es desconcertante», dijo El-Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo. «Estoy profundamente preocupado por la baja tasa de utilización de las medidas alternativas a la detención utilizadas en los casos que hemos visto, y el recurso excesivo a la detención preventiva».
De acuerdo con el panel de expertos, muchos prisioneros entrevistados de manera confidencial, se quejaron de los registros y humillantes, a que son sometidos, no solamente sus familiares si no también sus abogados y los defensores públicos. Dichos registros fueron introducidos cuando las fuerzas armadas fueron asignadas a cubrir el perímetro de seguridad en las cárceles. «Entiendo la necesidad de protección en las cárceles y la situación de seguridad grave que enfrentan las autoridades en particular en relación con las pandillas y maras; sin embargo, instamos al Gobierno a revisar urgentemente sus procedimientos para garantizar la dignidad humana de las personas privadas de su libertad «, dijo El Presidente-Relator.
Los expertos independientes encomiaron al Gobierno por las iniciativas positivas iniciadas en los últimos años y animó a la aplicación efectiva de una mayor protección contra la privación arbitraria de la libertad. El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción que las políticas de mano dura hayan sido declaradas inconstitucionales en los últimos años.
El Grupo de Trabajo visitó 11 prisiones, calabozos (bartolinas) policiales y otros centros de detención en San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Durante su misión, el Grupo de Trabajo se reunió con autoridades de alto nivel de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También celebraron reuniones con representantes de organizaciones de abogados; miembros de la sociedad civil; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Ombudsman) y representantes del sistema de Naciones Unidas.
Un informe final sobre la visita será presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2013.
(*) El Presidente-Relator es el Sr. El Hadji Malick Sow (Senegal). Los otros miembros son el Sr. Mads Andenas (Noruega), la Sra. Shaheen Sardar Ali (Pakistán), el Sr. Roberto Garretón (Chile) y el Sr. Vladimir Tochilovsky (Ucrania).
