Con motivo de la aprobación mañana jueves en el Congreso del decreto ley de medidas urgentes en el ámbito sanitario, la Mesa de Inmigración Diocesana de Sevilla y 36 entidades han remitido a los grupos políticos sevillanos con representación parlamentaria un comunicado en el que pide al Gobierno que rectifique su decisión de excluir de la sanidad pública a las personas inmigrantes sin documentación, por entender que supone una “violación de los derechos humanos fundamentales”. Desde su visión cristiana y de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, afirman, si los recursos públicos resultan escasos, estas decisiones “nunca pueden ser en perjuicio de los más pobres”.
Las entidades firmantes califican la eliminación de este derecho como una “inaceptable involución” en materia de derechos humanos y como un desprecio a la dignidad humana de personas que colaboran con el desarrollo de este país, muchos de los cuales tuvieron autorización para residir y la han perdido como consecuencia del desempleo. Además, muestran su preocupación porque medidas como esta estigmatizan al colectivo inmigrante y alimentan la discriminación, generando un nuevo factor de exclusión social, caldo de cultivo para la violencia.
Otro de los aspectos que critican es la confusión que provoca en la población, ya que no es posible justificar esta medida en la reducción del déficit público cuando el ahorro económico que representa es ridículo, más bien al contrario, consideran que es probable que genere posteriormente un coste superior, cuando muchas patologías deriven en enfermedad grave.
Asimismo, estiman que la incidencia del fraude sanitario entre la población inmigrante sin documentación no es representativa, siendo más efectivo luchar contra él a través de medidas específicas, antes que recortar el derecho a todo un colectivo.
Las entidades afirman comprender la necesidad de reducir el déficit, por lo que proponen establecer una mayor racionalización del gasto público en cuestiones como la disminución del gasto militar, la lucha más activa contra la corrupción y el fraude fiscal, la mejora de la gestión de los servicios públicos, evitar las ayudas económicas a los bancos que niegan el crédito a los ciudadanos y un reparto más equitativo de impuestos en función de los niveles de renta.
Por último, lamentan que esta medida se integre en una tendencia preocupante de políticas que, en el actual contexto de crisis, perjudican especialmente a los colectivos más vulnerables. Por ello, advierten que “absolutizar la lógica economicista sacrificando los valores humanitarios nos llama a recordar que una política que no está iluminada por la ética, termina siendo injusta e ineficiente”.
