Tiene que llevarse a cabo una investigación completa e imparcial sobre la
violencia ejercida esta semana para dispersar las acampadas de protesta de
El Cairo, en las que las fuerzas de seguridad han utilizado medios letales
injustificadamente y roto la promesa de permitir salir en condiciones de
seguridad a los heridos. Así se ha manifestado hoy Amnistía Internacional,
basándose en el trabajo de investigación que ha realizado sobre el
terreno.
La violencia sin precedente ejercida ha dejado más de 600 muertos en todo
Egipto. El Ministerio del Interior ha informado de 43 víctimas mortales en
las fuerzas de seguridad. Se espera que el número de muertes aumente aún
más a medida que se vayan trasladando cadáveres a las morgues y hospitales
oficiales.
“Basándonos en los testimonios iniciales y otros datos que hemos recogido,
parece bastante seguro que las fuerzas de seguridad han actuado sin tener
en absoluto en cuenta la vida humana, por lo que es necesario realizar con
urgencia investigaciones completas, imparciales e independientes”, ha
manifestado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional
para Oriente Medio y el Norte de África.
“Aunque algunos manifestantes utilizaran la violencia, la respuesta de las
autoridades ha sido manifiestamente desproporcionada, pues no parece que
se diferenciara entre manifestantes violentos y no violentos. También se
han visto atrapados en la violencia simples viandantes.”
“Las fuerzas de seguridad han recurrido a medios letales sin que fuera
estrictamente necesario para proteger vidas o impedir lesiones graves, lo
que constituye una clara violación del derecho y las normas
internacionales. No han tardado en romperse las promesas previas de hacer
un uso graduado de la fuerza al dispersar las acampadas y dar aviso
suficiente y garantías de seguridad al salir de ellas.”
El 14 y el 15 de agosto, los investigadores de Amnistía Internacional
visitaron en El Cairo numerosos hospitales oficiales y de campaña, así
como el depósito de cadáveres de Zeinhum y una mezquita habilitada para
acoger temporalmente a decenas de muertos. Documentaron decenas de muertes
y testimonios de personal médico que contaba que muchas de las personas
muertas y heridas habían sufrido heridas de bala en la parte superior del
cuerpo.
“Había decenas de cadáveres y centenares de heridos –contó un médico a
Amnistía Internacional–. La mayoría con heridas de munición real en la
parte superior del cuerpo.”
Un estudiante de medicina explicó que el hospital de Rabaa al Adawiya
había tenido que ser evacuado tras entrar las fuerzas de seguridad en el
edificio en medio de intensos disparos de gas lacrimógeno, y que la
primera planta se había incendiado. Contó:
“Las fuerzas de seguridad atacaban el hospital. Los médicos nos ordenaron
cerrar las cortinas y las ventanas para evitar el gas. Vi francotiradores
en los tejados de los edificios próximos al hospital; iban vestidos de
negro. Entonces, otro médico nos dijo que las fuerzas de seguridad habían
entrado en la primera planta […] Un agente de seguridad me golpeó en la
espalda con la culata del fúsil y me empujo hacia las escaleras. Salí del
hospital. Luego las fuerzas de seguridad nos dijeron que nos lleváramos
los cadáveres y a los pacientes. La primera planta estaba ardiendo.”
Otros testigos informaron de que los intensos disparos efectuados a las
puertas del hospital impedían la salida con seguridad de los heridos y
causaron la muerte de un guardia de seguridad del hospital.
Una enfermera de un hospital de campaña de la acampada de Rabaa al Adawiya
contó a Amnistía Internacional cómo dos hombres vestidos con uniforme
negro la habían amenazado a punta de pistola:
“Había un arma apuntándome al otro lado de la ventana. Había tres hombres,
dos con uniforme negro y uno vestido de civil. El civil me dijo a gritos
que abriera la puerta y que si teníamos armas dentro […] Les dije,
suplicando, que sólo había heridos y muertos dentro.”
Amnistía Internacional pide que se permita el acceso al país de expertos
de la ONU, en especial del relator especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para que investiguen las
circunstancias de la violencia y el uso sistemático e injustificado de
fuerza excesiva y medios letales por parte de las autoridades egipcias
desde la “Revolución del 25 de enero”.
Dado el deficiente historial de las autoridades egipcias en lo que se
refiere a hacer rendir cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad
por el uso injustificado de fuerza excesiva y medios letales contra
manifestantes desde la “Revolución del 25 de enero”, Amnistía
Internacional ve con preocupación la capacidad de la fiscalía para
realizar investigaciones completas, imparciales e independientes.
Información complementaria
El viernes por la mañana, el Ministerio de Salud de Egipto informó de 638
muertes en todo el país. De ellas, 288 se han producido en el barrio de
Ciudad Nasr, en cuya plaza de Rabaa al Adawiya se encontraba la principal
acampada en favor de Morsi. Esta cifra convierte el incidente en el más
sangriento que se produce desde el estallido de la “Revolución del 25 de
enero” hace más de dos años.
En cambio, en 2011, durante los 18 días de la “Revolución del 25 de
enero”, resultaron muertas un total de 846 personas, según cifras
oficiales.
El desalojo de las acampadas se ha producido tras reiteradas amenazas de
las autoridades egipcias de expulsar a manifestantes partidarios de Morsi
calificados de “terroristas” que ponen en peligro la “seguridad nacional”.
La acampada, más pequeña, de Nahda junto a la Universidad de El Cairo se
levantó con relativa rapidez, mientras que la operación emprendida para
dispersar la de Rabaa al Adawiya ha durado alrededor de 10 horas de
prolongados enfrentamientos.
Alrededor de El Cairo ha habido tres trabajadores de medios de
comunicación entre los muertos, y, de acuerdo con la información de que
dispone Amnistía Internacional, el 14 de agosto mataron a tres mujeres
participantes en las protestas y a un menor de edad. Se ha tenido noticia
de enfrentamientos en Giza y en muchos otros barrios de todo Egipto.
Unos miembros de las fuerzas armadas negaron a Amnistía Internacional el
acceso al hospital de Ta’min al Sihi, que según la información disponible
recibió 52 cadáveres de personas muertas en los enfrentamientos, entre
ellos el de al menos una mujer. También ha atendido más de 200 lesiones
“en el menos la mitad de las cuales fue necesario hospitalizar a la
persona para su tratamiento”.
Los trabajadores de la morgue de Zeinhum, en El Cairo, contaron a Amnistía
Internacional que el jueves, a las diez de la mañana, se habían practicado
108 autopsias y el centro estaba repleto de cadáveres.
El 15 de agosto, los Investigadores de Amnistía Internacional visitaron la
mezquita de Al Iman, convertida provisionalmente en morgue al llevar allí
los familiares de las personas muertas en la acampada de Rabaa al Adawiya
los cadáveres de éstas, así como algunos de los evacuados del hospital de
Rabaa al Adawiya.
En el momento de la visita había 98 cadáveres dentro, entre ellos ocho
carbonizados, de personas que “no se sabe si las quemaron vivas o tras
haber muerto”. En las paredes de la mezquita habían colgado listas con los
nombres de 265 personas. Los voluntarios dijeron que habían llegado dos
cadáveres más sin identificar.
El ministro del Interior de Egipto ha justificado la conducta de las
fuerzas de seguridad, alegando que los manifestantes utilizaron la
violencia y que han muerto 43 miembros de las fuerzas de seguridad, entre
ellos 18 oficiales, en todo el país, y más de 200 han resultado heridos.
Ha afirmado que las fuerzas de seguridad hicieron advertencias y que no
utilizaron gas lacrimógeno hasta que los manifestantes en favor de Morsi
dispararon contra ellos.
Particularmente tras el desalojo de las acampadas, algunos partidarios de
Morsi recurrieron a la violencia, incluso con armas de fuego, y lanzaron
ataques contra la sede de la gobernación de Giza y contra comisarías de
policía y personal de seguridad.
Las comisarías de policía de Waraq y Kerdassa fueron atacadas, y se
capturó, mató y golpeó a agentes de policía. En varios casos, se capturó y
golpeó a miembros de las fuerzas de seguridad, y el dolido primo de un
agente de policía muerto dijo a Amnistía Internacional que a éste lo
habían decapitado el 14 de agosto en Giza.
Los manifestantes de Rabaa al Adawiya contaron a Amnistía Internacional
que habían utilizado piedras y cócteles molotov y quemado vehículos
policiales para intentar impedir el desalojo.
Amnistía Internacional ha pedido también a las autoridades egipcias que
tomen de inmediato medidas para mejorar la seguridad de los cristianos y
otras minorías en medio del alarmante aumento de la violencia sectaria
contra los cristianos coptos, ejercida aparentemente como represalia por
su presunto apoyo a la decisión de derrocar a Mohamed Morsi y que incluye
ataques contra iglesias, comercios y viviendas en varias gobernaciones. La
organización ha documentado casos anteriores en que las fuerzas de
seguridad no protegieron a las comunidades coptas de tales ataques.
