La decisión de la Audiencia Nacional de España de extraditar a un
solicitante de asilo a Kazajistán pese a existir indicios convincentes de
que está expuesto a sufrir tortura allí viola el derecho internacional y
debe revocarse de inmediato, ha manifestado Amnistía Internacional.
La Audiencia Nacional de España aprovó ayer día 8 la solicitud de
extradición de Aleksandr Pavlov, de 37 años, ex jefe de seguridad de
Mukhtar Ablyazov, figura de la oposición kazaja que huyó de este país de
Asia central en 2009.
«El historial de tortura y malos tratos de Kazajistán está bien
documentado –ha señalado Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en
cuestiones de lucha contra el terrorismo y derechos humanos–. Aleksandr
Pavlov corre realmente riesgo de sufrir tales abusos si es enviado de
regreso allí. En virtud del derecho internacional, España tiene la
obligación absoluta de impedir que sea así.”
«Si España extradita a Aleksandr Pavlov, lo hará con pleno conocimiento de
que es probable que sufra daños. Todo lo que le ocurra en Kazajistán será
consecuencia de esta medida.»
La decisión final sobre la extradición de Aleksandr Pavlov deberá tomarla
ahora el Consejo de Ministros del gobierno de España, que tiene
atribuciones para hacer caso omiso de la postura de la Audiencia.
«El gobierno español no debe transferir a Aleksandr Pavlov a Kazajistán,
ni siquiera si el gobierno kazajo ofrece garantías diplomáticas de que no
sufrirá tortura ni otros malos tratos ni será sometido a un juicio injusto
a su regreso –ha añadido Julia Hall–. El historial de las autoridades
kazajas muestra que tales garantías son falsas promesas.”
Pavlov fue detenido en España en diciembre de 2012, tras incluirse su
nombre en la lista de personas buscadas de INTERPOL a instancias de las
autoridades kazajas. Posteriormente, Kazajistán solicitó su extradición,
que fue autorizada en principio por la Sección Segunda de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional y ha confirmado hoy ésta.
En Kazajistán, Aleksandr Pavlov está acusado de “expropiación o
malversación de bienes” y de “conspiración para perpetrar un atentado
terrorista”. Su abogado y él afirman que estas acusaciones son falsas.
Amnistía Internacional ha mantenido bajo observación varias causas
abiertas contra activistas políticos y de la sociedad civil de Kazajistán,
en las que el procesamiento penal estaba relacionado con las opiniones
disidentes de los acusados y su vinculación con Mukhtar Ablyazov. Estas
causas se han visto empañadas por violaciones del derecho a un juicio
justo, y en general se cree que la influencia política ha contribuido a
que se dicten en ellas sentencias finales condenatorias.
Mukhtar Ablyazov, para quien trabajaba Pavlov, huyó de Kazajistán en 2009
y fue reconocido como refugiado en el Reino Unido en 2011. Actualmente
está detenido en Francia, a la espera que se tome una decisión sobre su
extradición a Ucrania o Rusia. Si es enviado a alguno de estos países,
estará expuesto a que lo transfieran desde allí a Kazajistán, donde
también corre riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos.
El 31 de mayo de 2013, la esposa y la hija de Mukhtar Ablyazov fueron
expulsadas ilegalmente de Italia y transferidas a la fuerza a Kazajistán,
lo que constituyó una violación de la legislación italiana y del derecho
internacional.
Tatiana Paraskevich, otra persona asociada también a Mukhtar Ablyazov, se
encuentra detenida en la Republica Checa y corre igualmente riesgo
inminente de extradición a Ucrania o Rusia, donde estará expuesta a ser
transferida a Kazajistán y sufrir graves violaciones de derechos humanos.
La tortura y los malos tratos son métodos habituales de interrogatorio en
Kazajistán, y se utilizan también para castigar a los presos convictos.
De acuerdo con el derecho internacional, todos los Estados tienen la
obligación absoluta de no devolver a nadie a ningún país donde corra
riesgo real de sufrir persecución u otros abusos o violaciones graves de
derechos humanos.
