Tras la Sentencia del TSJA que anula la reapertura de la mina de 2009
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE PARALICE LA ACTIVIDAD MINERA DE COBRE LAS CRUCES
Presentan denuncia por prevaricación ambiental contra seis cargos de la antigua Consejería de Innovación que autorizaron la reapertura de la mina en 2009
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula la resolución de la Junta que en abril de 2009 permitió la explotación de la mina de Cobre Las Cruces, en Sevilla. La sentencia estima el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la reapertura. Ahora la organización exigirá el cumplimiento de la decisión judicial, paralizando la actividad minera, y denunciará por prevaricación ambiental a seis altos cargos.
La sentencia declara contraria a derecho la Resolución de 7 de abril de 2009 de la extinta Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía por la que se levantaba la suspensión de las labores de profundización de la corta minera de Cobre las Cruces (CLC) y «por extensión todas aquellas actuaciones de desarrollo y ejecución de la resolución antes dicha”. Esto quiere decir que todas las actuaciones realizadas en la corta minera de CLC desde abril de 2009 hasta la actualidad han sido ilegales. En ejecución de la sentencia, la Junta de Andalucía tiene que ordenar a CLC la suspensión de todas las labores mineras.
La sentencia desmonta uno por uno todos los argumentos de la Junta de Andalucía y de la empresa CLC y estima íntegramente los argumentos de Ecologistas en Acción llegando a afirmar que la resolución anulada de la Consejería “incumplió de manera grave el condicionado del previo levantamiento de la suspensión de la autorización del drenaje-inyección por parte del Organismo de Cuenca”.
En 2008 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ante las reiteradas denuncias de Ecologistas en Acción, comprobó que CLC había construido una gran cantidad de balsas ilegales para almacenar agua contaminada. Esto significaba que el Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) de CLC no funcionaba. Este SDR tiene que garantizar la protección del acuífero de Gerena, en calidad y en cantidad, porque ese acuífero es una reserva estratégica de agua de consumo humano para épocas de sequía. Y si el SDR no funciona entonces la mina no es viable y debe pararse. Y sin embargo, las autoridades mineras permitieron funcionar a la mina.
A pesar de los múltiples requerimientos, la empresa siguió incumpliendo de manera flagrante las normas de protección del acuífero, hasta el punto de que varios pozos inyectaron agua contaminada con arsénico en el acuífero.
Se decretó la suspensión y se impuso como condición indispensable para levantarla que se garantizara la preservación del acuífero, en cantidad y en calidad, mediante el correcto funcionamiento del SDR,
En septiembre de 2008 un Juzgado de Instrucción de Sevilla impuso a CLC la obligación de depurar las aguas contaminadas, y concluyó seis años después con la declaración, de la apertura de juicio oral contra tres directivos de CLC, por delitos contra el medio ambiente, estando pendiente de fijar la fecha del juicio actualmente por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en procedimiento abreviado 5282/2014.
El 7 de abril de 2009 la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía autorizó el reinició de las labores mineras de CLC sin que previamente se hubiera levantado la suspensión del SDR, y por tanto, sin que estuviera garantizada la preservación del acuífero. De hecho, el levantamiento de la suspensión del SDR nunca se ha producido expresamente, sino que en julio de 2009 la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía aprobó una modificación de la autorización del SDR a la medida de CLC. Esta modificación también ha sido anulada judicialmente el pasado mes de noviembre de 2014, mediante sentencia firme del Juzgado de lo contencioso administrativo nº5 de Sevilla, en el recurso que interpuso Ecologistas en Acción y que todavía no ha sido ejecutada convenientemente por la CHG.
Ahora Ecologistas en Acción va a exigir la ejecución forzosa de la sentencia firme del Juzgado de Instrucción y va a presentar denuncia en los juzgados por prevaricación ambiental contra todos los responsables de la Consejería de Innovación y de la Agencia Andaluza del Agua que autorizaron reiniciar las labores mineras permitiendo que se siguieran produciendo daños en el acuífero.
A fecha de hoy, CLC sigue extrayendo del acuífero un millón de metros cúbicos de aguas por encima de lo autorizado.
