«Proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos no es delito»
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Las acusaciones de robo formuladas contra Ildefonso Zamora se basan en una serie de testimonios fabricados. El fiscal registró los testimonios de testigos presenciales que describieron los hechos usando exactamente las mismas palabras que si las estuvieran leyendo de un guión, no se preservó la escena del crimen y no se manejaron debidamente las pruebas.
Su detención forma parte de una serie de amenazas y actos de hostigamiento relacionados con sus campañas contra la tala de árboles. En 2007, su hijo Aldo fue asesinado y su hijo Misael resultó herido en un ataque que aún no se ha investigado exhaustivamente.
Desde prisión, Ildefonso Zamora dijo: «Yo trabajo para detener la tala ilegal en nuestros bosques y ese trabajo me costó caro. Me costó la vida de mi hijo y mi libertad. Quiero seguir trabajando por el bien de mi comunidad y porque la tala está acabando con gran parte de nuestra madre tierra».
«La historia de Ildefonso refleja la forma en que se trata a muchas personas que defienden los derechos humanos y activistas de base en México. No debe permanecer ni un segundo más en la cárcel. Las autoridades mexicanas deben redirigir sus esfuerzos a encontrar a los responsables de los ataques y de la persecución política desatada contra él y su familia», concluyó Erika Guevara-Rosas.
Los presos de conciencia son personas encarceladas por sus opiniones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, o debido a su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otra condición. Es una distinción que Amnistía Internacional sólo da a personas que no han usado la violencia ni propugnado su uso.
Amnistía Internacional continúa además exigiendo justicia para los activistas mediambientales Berta Cáceres y Nelson García, recientemente asesinados en Honduras, para lo que ha puesto en marcha una ciberacción en su web. Las autoridades hondureñas tienen la obligación de llevar a los responsables de las muertes de Berta y de Nelson ante la justicia y de garantizar protección a quienes defienden los derechos humanos en Honduras.
