English version, see below
Vea abajo la versión en inglés
GINEBRA. – Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas* aplaudieron hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado interno (1980-1992).
“Esta decisión histórica para el país devuelve la esperanza a las víctimas y la confianza en el sistema legal,” señalaron los expertos al recordar que el conflicto salvadoreño dejó un saldo de 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos, en su mayoría civiles, numerosas víctimas de tortura y mujeres víctimas de violencia sexual, además de un millón desplazados internos y de refugiados en otros países.
“Más de 20 años después del fin del conflicto, esta decisión de la más alta instancia judicial restablece los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia y a una reparación integral,” recalcaron. “Es un ejemplo para el mundo”.
Los expertos de la ONU indicaron que la declaración de inconstitucionalidad refleja las normas y principios del derecho internacional, incluida la prohibición de amnistías para crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Asimismo, expresaron que la decisión de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña recalca el carácter imprescriptible de estos delitos y enfatiza que no podrá invocarse la existencia de la Ley de Amnistía o el tiempo de su vigencia para obstaculizar el derecho a la justicia, la investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de estas graves violaciones.
Los expertos en derechos humanos también explicaron que la Corte exige que se investigue la responsabilidad penal de los ejecutores directos de estos actos, así como aquella de quienes dieron las órdenes.
“Muchas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad siguen plenamente vigentes más de 20 años después de su adopción. Instamos a las autoridades salvadoreñas a aplicar estas recomendaciones que promueven reformas profundas de las instituciones del Estado, incluso la del sistema de justicia”, dijeron.
De igual forma, los expertos independientes instaron a las autoridades judiciales a diligenciar investigaciones prontas, independientes y efectivas y a diseñar una estrategia de persecución penal que tome en cuenta el derecho internacional, las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos y las experiencias comparadas. Insistieron en que se garantice la protección de los testigos y la participación de las víctimas en los procesos judiciales y en las medidas de reparación que les conciernen.
“Esta decisión es también un paso muy significativo en favor del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una señal importante en el marco del reciente pedido de extradición de España de presuntos responsables del asesinato de seis jesuitas españoles y dos salvadoreñas”, concluyeron los expertos.
***
Los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 no hacen mención alguna a una amnistía, por el contrario incluyen cláusulas tendientes a combatir la impunidad.
La Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992 contempla que no gozarán de amnistías “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980…”. Esta disposición, sin embargo, fue derogada mediante la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993 –5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad–, negando lo pactado expresamente en los mencionados Acuerdos.
Ahora, no obstante, la decisión de la Sala de lo Constitucional la Corte Suprema de Justicia restablece la vigencia de estas disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional.
(*) Los expertos: Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Mónica Pinto, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; y Alfred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Derechos Humanos de la ONU, Página de país – El Salvador: http://www.ohchr.org/SP/
GENEVA. – A group of independent experts of the United Nations* today welcomed the decision of the Supreme Court of El Salvador to declare unconstitutional the amnesty law of 1993, which had left in impunity crimes against humanity and war crimes, and serious or systematic violations of human rights and international humanitarian law committed during the internal armed conflict (1980-1992).
“This historic decision for the country restores the hope to the victims and trust in the justice system,” the experts said, recalling that the Salvadoran conflict left a toll of 75,000 dead and 8,000 disappeared, mostly civilians, many victims of torture and women victims of sexual violence, in addition to one million internally displaced persons and refugees in other countries.
“More than 20 years after the end of the conflict, this decision by the highest court will restore the fundamental rights to justice and integral reparation of the victims,” they stressed. “It is an example for the world”.
The UN experts noted that the declaration of unconstitutionality reflects the norms and principles of international law, including the prohibition of amnesties for crimes against humanity and serious violations of international humanitarian law.
They also expressed that the decision of the Salvadoran Supreme Court emphasizes the imprescriptible nature of these crimes and stresses that the Amnesty Law or the time of its validity shall not be invoked to hinder the right to justice, the investigations, prosecution, punishment and reparation of these serious violations.
The human rights experts also explained that the Court requires the investigation of the criminal responsibility of direct perpetrators, as well as of those who gave the orders.
“Many of the recommendations of the Truth Commission continue being fully valid more than 20 years after their adoption. We urge the Salvadoran authorities to implement these recommendations that promote deep reforms of state institutions, including the justice system,” they said.
Similarly, the independent experts urged the judicial authorities to carry out prompt, independent and effective investigations and to design a prosecutorial strategy that takes into account international law, human rights mechanisms recommendations and comparative experiences. They insisted on the protection of witnesses and victims’ participation in judicial processes and in the reparations that concern them.
“This decision is also a significant step towards compliance with the decisions of the Inter-American Court of Human Rights and an important signal in the context of the recent extradition request from Spain of alleged perpetrators of the killing of six Spanish Jesuits and two Salvadoran women”, experts concluded.
NOTE TO EDITORS:
The Peace Accords of 16 January 1992 do not make any mention of an amnesty, but on the contrary include provisions aimed at combating impunity.
The National Reconciliation Law of 23 January 1992 provides that no amnesties will apply to those who participated in serious acts of violence reported by the Truth Commission that have occurred since 1 January 1980. But this provision was repealed by the General Amnesty Law for the Consolidation of Peace, adopted on 20 March 1993 – 5 days after the release of the report of the Truth Commission- expressly denying the abovementioned agreements.
Now, however, the decision of the Constitutional Chamber of the Supreme Court restores the validity of these provisions of the National Reconciliation Law.
(*) The experts: Pablo de Greiff, Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence; the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances; Christof Heyns, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Juan Méndez, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Victoria Tauli Corpuz, Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples; Dubravka Šimonović, Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences; the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice; Mónica Pinto, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers; and Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order.
The Special Rapporteurs, Independent Experts and Working Groups are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.
UN Human Rights, country page – El Salvador: http://www.ohchr.org/EN/
