España no está entre los 24 países europeos que ya han firmado el Convenio.
El Gobierno español debe dar prioridad a los derechos humanos de las víctimas. La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, que especialmente afecta a mujeres y niñas, es una violación gravísima de los derechos humanos que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afecta cada año a alrededor de 2,5 millones de personas en el mundo. Pese a la gravedad de este problema, las organizaciones firmantes lamentan que no existan datos fiables sobre la dimensión de la trata en España.
