La ley antiterrorista establece controles sobre los movimientos financieros de organizaciones sin fines de lucro y remesas para evitar que los recursos sean utilizados para el financiamiento de actos de terrorismo, reveló ayer ante una comisión ad hoc de diputados un grupo institucional gubernamental que redactó el anteproyecto de ley.
El jefe de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía, Rolando Monroy, sostiene que es importante establecer un marco jurídico y político y recordó que las conductas de financiamiento al terrorismo deben ser tipificadas como delitos, de ahí la necesidad de la normativa.
Monroy agregó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) retomó nueve recomendaciones especiales a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos.
El GAFI, nacido tras la Cumbre de los Siete en París, en 1989, está integrado por 31 países y dos organizaciones mundiales y tiene como fin combatir y prevenir el lavado de dinero, y últimamente el financiamiento al terrorismo.
