Una coalición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de una decena de países latinoamericanos llamó el miércoles en la capital colombiana la atención a algunas naciones por la suscripción de acuerdos bilaterales de inmunidad con Estados Unidos.
La llamada Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI), que deliberó durante dos días en Bogotá, analizó casos como el de Colombia y algunos países centroamericanos, en donde esos convenios fueron suscritos «sin pasar por los respectivos Congresos».
Así lo señalaron en rueda de prensa la mexicana Paulina Vega, coordinadora para América Latina y el Caribe de la CCPI; el argentino Hugo Relva, de Amnistía Internacional, y el peruano Francisco Soberón, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Igualmente denunciaron esa situación en la misma rueda de prensa los colombianos Carlos Rodríguez y Alirio Uribe, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y del Colectivo de Abogados José Alvear Restepo, respectivamente.
Los países que rehúsan firmar esos acuerdos bilaterales de inmunidad con EEUU frente al CPI, que afecta a ciudadanos particulares, funcionarios y militares, sufren millonarios recortes en los fondos de ayuda, dijeron.
En algunos casos, según Carlos Rodríguez, «se quebró el estado de derecho» por la firma de esos convenios de privilegios e inmunidad, sin que los legislativos hayan sido tenidos en cuenta.
«Esperamos que hagan algo los Parlamentos de los países que han firmado ese tipo de convenios», señaló Rodríguez.
Los delegados de la CCPI, por otra parte, analizaron «las barreras para la implementación total de los estándares contenidos en el tratado de la CPI a nivel nacional», en cada país de la región.
La Coalición ha instado «desde hace años a los gobiernos para que armonicen su legislación con arreglo a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y para que ratifiquen e implementen internamente el Estatuto de Roma», explicó el peruano Soberón.
Los delegados a la cita en Bogotá estudiaron también la situación colombiana a la luz de los acuerdos entre el Gobierno del presidente Alvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de la extrema derecha armada) y el marco legal de su desmovilización.
Esa situación «está bajo análisis», dijo Alirio Uribe, y añadió que hay «preocupación» por algunas actuaciones y decretos que pretenden colocarse por encima de las mismas leyes o de sentencias de la Corte Constitucional, para brindar beneficios a los desmovilizados.
En la cita de Bogotá participaron delegados y expertos de Chile, Argentina, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México y Colombia.
La CCPI fue creada en 1995 y está formada por más de 2.000 organizaciones de los cinco continentes, y en América Latina y el Caribe tiene 179 miembros.
Un total de 21 países de América Latina y de Caribe se han convertido en Estados Parte de la CPI, entre ellos Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela
También Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Guyana, San Vincent y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
