Los responsables del Proyecto Protect, que desarrollan en Camboya las ONG Global Humanitaria y Action pour les Enfants (APLE), consideran que, «a pesar de los progresos de los últimos años, Camboya es todavía uno de los destinos preferidos por pederastas occidentales en el sudeste asiático».
Estas declaraciones se produjeron pocos días después de que un tribunal de Phnom Penh (Camboya) condenara al suizo Hurni Hans Ulrich a 11 años de prisión por abusos sexuales reiterados a una niña de 13 años y estableciera su expulsión de Camboya al finalizar su reclusión.
Integrantes del Proyecto Protect prestaron prestado apoyo a la policía camboyana en sus labores de investigación sobre Ulrich, y la abogada del proyecto asumió la defensa jurídica de la menor.
A pesar de expresar su satisfacción por esta condena, y de reconocer una evidente mejora del celo de policías y jueces en la capital del país, Phnom Penh, durante los últimos años, los responsables del Proyecto consideran «muy lentos» los progresos fuera de la capital y en zonas turísticas. En la mayor parte de Camboya no existe en la práctica investigación propia de la policía sobre la conducta sospechosa de algunos extranjeros en su relación con los niños y «los abusadores continúan contactando directamente con los niños de la calle para conseguir sus propósitos».
Ulrich, de 68 años, fue detenido en septiembre de 2006 y acusado de cometer abusos sexuales contra una menor de 13 años, a quien pagaba entre 5 y 10 dólares por cada encuentro sexual. Durante el juicio, el ahora condenado confesó haber mantenido relaciones sexuales con la niña desde que ésta tenía 11 años, durante 3 visitas que había efectuado al país.
Global Humanitaria y la ONG francesa Action pour les Enfants (APLE) iniciaron en 2003, en Camboya, el Proyecto Protect, con el objetivo de investigar y denunciar los abusos sexuales a menores cometidos por ciudadanos extranjeros en Camboya en el marco del llamado turismo sexual con menores. Desde entonces y hasta la actualidad se ha logrado la detención de 48 sospechosos, de los cuales 44 ciudadanos extranjeros, por presuntos abusos sexuales a un total de 114 víctimas.
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