Desde el año 2000 se han establecido diversas comisiones presidenciales y grupos de trabajo para examinar los sectores de la justicia, la policía y las prisiones. Todos ellos concluyeron que hacían falta reformas urgentes en los sectores policial y judicial para resolver la situación de las cárceles nigerianas, donde los reclusos permanecen en espera de juicio durante cinco y hasta diez años en condiciones de hacinamiento extremo. El gobierno ha prometido una y otra vez que seguiría las recomendaciones de estas comisiones y grupos de trabajo, pero apenas ha hecho nada para reformar el sector judicial y muchas de las recomendaciones siguen sin aplicarse.
Ayer. las principales partes interesadas del estado de Lagos se reunieron en Lagos para debatir estos asuntos, convocados por el señor Olasupo Shasore, fiscal general y comisionado de Justicia del estado. Amnistía Internacional considera positiva toda iniciativa que promueva el debate sobre los sectores de la justicia, la policía y las prisiones, y solicita que en esta reunión se analice en detalle la información y las recomendaciones siguientes.
En julio de 2007, Amnistía Internacional visitó 10 cárceles nigerianas en la Unidad Territorial de la Capital Federal y en Enugu, Kano y el estado de Lagos. La organización de derechos humanos concluyó que ni las recomendaciones de todas esas comisiones y grupos ni las promesas del gobierno han cambiado las cárceles de Nigeria: continúan los graves problemas de hacinamiento; las autoridades penitenciarias no disponen de fondos suficientes para mejorar las condiciones de vida en los centros; cuatro de cada cinco reclusos están en espera de juicio; y alrededor del 80 por ciento de los reclusos en espera de juicio son pobres y no pueden pagar los servicios de un abogado, por lo que aguardan durante años a ser juzgados. Amnistía Internacional publicará en enero de 2008 un informe completo sobre sus conclusiones.
Recomendaciones
Amnistía Internacional solicita a todos los participantes en la Reunión de las Partes Interesadas en la Reforma de la Magistratura y el Sector Judicial que tomen conciencia de los problemas originados por el hacinamiento en las prisiones y se unan a la administración penitenciaria en la búsqueda de soluciones.
Jueces y magistrados deberán:
• aplicar las normas de las Naciones Unidas y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el tratamiento de personas detenidas;
• ejercer su autoridad judicial para garantizar en todo momento la protección de los derechos humanos de las personas detenidas y presas;
• ejercer su autoridad judicial para que todas las personas recluidas sin cargos sean acusadas sin demora de algún delito común reconocible o puestas en libertad;
• seguir el ejemplo del Tribunal de Apelaciones, que ha declarado ilegítima e inconstitucional la acusación dilatoria;
• investigar si se ha confesado un delito bajo presión;
• garantizar que ninguna declaración obtenida mediante tortura se admite como prueba contra la persona sospechosa;
• abordar el problema de los aplazamientos reiterados y prolongados;
• revisar periódicamente los casos de prisión preventiva para asegurarse de que existen razones legítimas para mantener a la persona bajo custodia y de que sus causas se resuelven sin demora;
• asumir un papel más activo para que las personas detenidas dispongan de asistencia letrada y puedan defender su causa cuando no tengan representación debido a la falta de recursos;
• garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales tienen por objeto mantener a las personas en detención preventiva el plazo más breve posible, evitando, por ejemplo, las órdenes sucesivas de prisión preventiva por parte del tribunal;
• establecer un sistema de revisión periódica del tiempo que los detenidos permanecen en detención preventiva.
