Los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer, no debe ser objeto de comercio de distancia o en peligro durante las conversaciones de reconciliación con los talibanes en Afganistán, ha declarado Amnistía Internacional en vísperas de una conferencia en Londres para discutir el deterioro de establecer las condiciones de seguridad en el país.
El presidente afgano, Hamid Karzai, el secretario general Ban Ki-Moon y otros dirigentes y ministros de Relaciones Exteriores tienen que discutir las medidas de seguridad en Afganistán durante los próximos dos años, incluyendo los programas de reconciliación para reintegrar a los llamados elementos moderados de los talibanes.
«Las conversaciones con los talibanes debe incluir compromisos claros que van a respetar y promover los derechos del pueblo afgano», dijo Sam Zarifi, de Amnistía Internacional en Asia-Pacífico.
«Los talibanes establecieron un récord terrible de violar los derechos humanos durante su gobierno y no han hecho nada desde entonces para indicar que actuarán de manera diferente si regresan al poder».
«Los políticos se reunieron en Londres esta semana para demostrar que no van a sacrificar el bienestar del pueblo afgano en el altar de la conveniencia política y militar.»
Acuerdos similares con los talibanes en el vecino Pakistán, provocaron un aumento de violaciones de los derechos humanos en las zonas bajo control talibán y una escalada significativa en el conflicto y la inseguridad.
El Gobierno afgano y los grupos insurgentes, deberán adherirse a las obligaciones de Afganistán en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, han declarado Amnistía Internacional.
Los talibanes y otros grupos insurgentes en Afganistán han mostrado muy poco respeto por los derechos humanos y las leyes de la guerra, atacando deliberadamente a civiles, lanzando ataques suicidas en los que civiles son asesinados y por participar en la destrucción masiva de educación de las niñas.
Según cifras de la ONU, los talibanes son responsables de dos tercios de las 2400 víctimas civiles en Afganistán el año pasado, que fue el más sangriento desde la caída de los talibanes.
En las zonas bajo su control, los talibanes han limitado los derechos de las niñas y las mujeres, incluida la denegación de la educación, el empleo, la libertad de circulación y de la participación y representación política.
Grupos de la sociedad civil de Afganistán, en particular grupos de mujeres, han expresado su alarma seria sobre la posibilidad de ceder cualquier tipo de control político a los talibanes.
«Los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto son un paso positivo hacia adelante», dijo Sam Zarifi, «pero los derechos del pueblo afgano nunca deben ser negociados fuera. «Por nuestra experiencia, la paz sin la justicia y los derechos humanos no es real y podría conducir a nuevos conflictos.»
