Las autoridades egipcias deben garantizar que se hace justicia a todas las víctimas de la represión violenta que tuvo lugar durante las protestas multitudinarias contra el gobierno a principios de año, afirma Amnistía Internacional en un informe exhaustivo sobre los abusos cometidos, que han causado la muerte de al menos 840 personas.
El informe Egypt rises: killings, detentions and torture in the ´25 January Revolution´ se publica dos días antes de que comience el juicio contra el ex ministro del Interior Habib El Adly por cargos relacionados con los homicidios de manifestantes.
Según la organización de derechos humanos, aunque las autoridades egipcias hayan empezado a exigir que rindan cuentas algunos de los presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos, muchas víctimas de la brutalidad de las fuerzas de seguridad corren peligro de no ser incluidas en los esfuerzos para abordar las consecuencias de la violencia.
“El enjuiciamiento de altos cargos públicos presuntamente responsables del escandaloso uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos es un primer paso fundamental –ha afirmado Amnistía Internacional–. Pero la respuesta de las autoridades a las víctimas debe ir mucho más lejos.”
“Las familias de quienes perdieron la vida, así como las personas que resultaron heridas de gravedad o sufrieron detención arbitraria o tortura, incluso a manos de miembros del ejército, tienen derecho a esperar que las autoridades den prioridad a sus necesidades.”
“Eso significa proporcionarles la verdad sobre lo ocurrido, una reparación adecuada y garantías de que todos los responsables son procesados.”
El informe de Amnistía Internacional contiene evidencia condenatoria del uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad para intentar disolver y reprimir las protestas contra el ex presidente Hosni Mubarak, que demuestra un desprecio manifiesto por la vida. Muchos manifestantes murieron como consecuencia de disparos en la parte superior del cuerpo –como la cabeza y el pecho–, lo que parecía indicar que se había atacado selectivamente a manifestantes que no representaban una amenaza o, como mínimo, un uso absolutamente irresponsable de las armas de fuego.
Además, más de 6.000 personas sufrieron lesiones en las protestas, algunas de carácter permanente. El coordinador del hospital de campaña instalado en la plaza de Tahrir contó a la delegación de Amnistía Internacional que había tratado unos 300 casos de heridas de bala en los ojos que habían causado pérdida de la visión.
El 16 de febrero, el ex primer ministro Ahmed Shafik declaró que se indemnizaría a los familiares de las personas que habían muerto durante las protestas con una pensión mensual de 1.500 libras egipcias (250 dólares estadounidenses) o el pago único de 50.000 libras (8.400 dólares) si la víctima no tenía personas a su cargo.
Pero Amnistía Internacional afirmó que hay que hacer más por las víctimas de lesiones graves, lo que incluye hacerse cargo de los gastos médicos. Las autoridades han afirmado que están estudiando la manera de ayudar a los manifestantes heridos pero, por la información de que dispone Amnistía Internacional, aún no se han tomado medidas.
La organización dijo también que deberían tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso –incluida la gravedad del abuso y los daños sufridos– para establecer la cuantía de la indemnización a las víctimas.
La comisión designada por el gobierno egipcio para investigar las protestas hizo público el 14 de abril un resumen de su informe, en el que consideraba responsable al ex ministro del Interior de los homicidios de manifestantes.
Aunque Amnistía Internacional consideró positivas las conclusiones generales de la comisión y su cooperación con el fiscal, señaló que el mandato de la comisión era demasiado limitado.
La comisión no publicó una lista completa de las personas que habían perdido la vida en las manifestaciones que incluyera las circunstancias de su muerte, algo que, en opinión de Amnistía Internacional, es imprescindible para que los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto puedan superar el trauma de lo ocurrido.
Tampoco investigó en profundidad los casos individuales de detención arbitraria, tortura u otros malos tratos, tampoco los cometidos por el ejército.
Amnistía Internacional documentó numerosos casos de tortura bajo custodia durante las protestas, como palizas con palos o látigos, descargas eléctricas –incluso en partes sensibles del cuerpo–,sometimiento a posturas forzadas durante largos periodos, insultos y amenazas de violación.
Muchas víctimas contaron a Amnistía Internacional que habían sido torturadas por soldados. “Fouad”, de 36 años, fue detenido el 29 de enero y trasladado a la prisión militar de Heikstep:
“Al entrar en nuestro bloque, tuvimos que tumbarnos boca abajo en el patio y otra vez nos golpearon los soldados. Volvieron a pegarnos con cables y varas, y nos aplicaron descargas eléctricas.”
Amnistía Internacional señaló que las víctimas de tortura deben recibir una reparación adecuada. Además, la organización pidió a las autoridades que se comprometieran de manera inequívoca a erradicar a tortura.
Muchos de los detenidos en relación con los distubrios fueron juzgados ante tribunales militares a pesar de que eran civiles.
Amnistía Internacional afirmó que los juicios de civiles ante tribunales militares vulneran requisitos fundamentales del debido proceso y los juicios con las debidas garantías, y que la continuidad de su uso plantea dudas en cuanto al compromiso del ejército egipcio con el establecimiento del Estado de derecho en Egipto.
La organización pidió también que se investiguen las circunstancias de la muerte de al menos 189 internos durante los motines carcelarios.
“Muchos cientos de personas que sufrieron abusos graves contra sus derechos humanos en este periodo siguen esperando obtener justicia por lo que les hicieron” afirmó Amnistía Internacional.
“Eso incluye a familiares de presos que han sido víctimas de homicidio ilegítimo, a las personas heridas de gravedad durante las protestas, a los detenidos sometidos a tortura y a las víctimas del uso de fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad en zonas no investigadas por la comisión gubernamental.”
“A las autoridades egipcias todavía les queda mucho por hacer para restablecer la confianza en las instituciones públicas, consideradas hasta ahora instrumentos de represión y obstáculos para la justicia. Deben empezar por revisar la legislación que permite que se cometan violaciones de derechos humanos y tomar medidas para garantizar la no repetición de esos abusos”.
Amnistía Internacional ha presentado sus conclusiones a la Fiscalía para que sirvan de apoyo a las investigaciones sobre los responsables de violaciones de derechos humanos.
