La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, urgió a las autoridades paraguayas a aumentar el gasto social, que está por debajo de la media regional, y a asegurar una inversión social acorde a las necesidades y prioridades de los sectores más pobres de la población.
“El crecimiento económico de Paraguay no se ha traducido en una disminución significativa de la pobreza, que sigue siendo muy extendida y afecta a más de la mitad de la población”, dijo la Sra. Sepúlveda este jueves durante la presentación de su informe de misión a Paraguay al Consejo de Derechos Humanos.
La experta señaló que el 30% de la población paraguaya vive en situación de extrema pobreza, y que el país tiene índices alarmantes de inequidad en la distribución de la riqueza, con el 10 por ciento más rico de la población que acumula el 41 por ciento de los ingresos totales”.
No obstante, la Relatora Especial reconoció importantes avances en materia de planificación de políticas públicas y destacó los aportes significativos de algunos programas emblemáticos como el Tekoporá, Abrazo y Unidades de Salud Familiar. Así también alentó al Estado a mantener y expandir estos programas mediante un aumento del gasto público.
En su informe, la Sra. Sepúlveda se refirió también a los bajos niveles de recaudación fiscal en el país que suponen un obstáculo considerable a la capacidad del Estado para implementar los programas sociales. La experta abogó por la entrada en vigencia de la Ley de Renta Personal, puntualizando que Paraguay es el único país de América Latina que aún no tiene vigente este tipo de impuesto.
Entre sus recomendaciones, la Relatora enfatizó la importancia de adoptar sin demoras una ley contra todas las formas de discriminación, haciendo referencia a varios grupos de población paraguaya que se encuentran muy vulnerables a la pobreza extrema. Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar la existencia de datos estadísticos desglosados respecto a grupos vulnerables.
También exhortó a que se adopte a la brevedad el Plan Nacional de Derechos Humanos y se incorporen indicadores de progreso y resultado que permitan medir su cumplimiento. En este sentido, hizo un llamado al Paraguay para se sirva del apoyo de la oficina de la Asesora de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La Relatora Especial de la ONU concluyó destacando la necesidad de un nuevo compromiso social en Paraguay, en el que todos los sectores contribuyan a una sociedad más equitativa.
