Once expertos de derechos humanos de Naciones Unidas han hecho una llamamiento al Gobierno y al Congreso de Colombia para que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución política del país relativa al fuero penal militar, la cual tendría implicaciones serias para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia.
“De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía (Fuerza Pública)”, indicaron los titulares de mandatos de Naciones Unidas en una carta abierta* hecha pública hoy.
“Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos,” estimaron los expertos. “Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la Fuerza Pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.”
Los expertos tomaron nota del hecho que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales. No obstante, expresaron su preocupación debido a que los cambios propuestos ampliarían la competencia de estos tribunales, otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de los derechos humanos que también deberían estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal.
Se incluye una larga lista de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra; la violencia sexual; las ejecuciones extrajudiciales; el reclutamiento y uso de menores; la detención arbitraria; la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otras violaciones como los atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones; la toma de rehenes; los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes; así como la obligación de tratar con humanidad a los que no participen directamente en las hostilidades, sin distinción por motivo de pertenencia a grupo étnico, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna u otro criterio similar, prohibidas en virtud del artículo común 3 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. También podrían tener competencia para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.
“Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos,” dijeron los expertos. “Estamos particularmente preocupados por el impacto que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, incluyendo los criterios específicos que definen si los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de genocidio.”
Los expertos de Naciones Unidas avisaron que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales, como la corte de control para tratar con cualquier acusación contra un miembro de la Fuerza Pública, sugeriría que el acusado estaría recibiendo un trato preferente, lo cual podría generar un clima de impunidad. También consideraron que este tribunal, entre otras cosas, examinaría casos exclusivamente relacionados con el personal militar o policial, supondría la existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los individuos y entorpecer del debido proceso legal, atentando así contra el Estado de Derecho.
“Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos contra población civil, incluyendo a defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo,” estimaron.
Los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su asesoría para que se desarrollen las medidas necesarias para lograr un marco constitucional y legislativo que refuerce la lucha contra la impunidad y la consecución de la paz en Colombia.
(*) Lea la Carta Abierta: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12683&LangID=S
———-
Colombia: UN experts call on the authorities to reconsider the constitutional reform of military criminal justice
Eleven United Nations human rights experts have called on the Government and the Congress of Colombia to reconsider the proposed reform of the country’s Political Constitution with regard to military criminal law, as the proposal could have serious implications for the rule of law and the enjoyment of human rights in Colombia.
“Should this reform be approved, it could seriously undermine the administration of justice for cases of alleged violations of human rights and international humanitarian law, including serious crimes, by military or police forces (Fuerza Pública),” the UN mandate-holders indicated in an open letter* made public today.
“Such a reform would represent a historic setback in terms of progress achieved by the State of Colombia in the fight against impunity and the respect and guarantee of human rights,” the experts said. “It would send the wrong signal to members of the Fuerza Pública of the consequences of committing human rights and international humanitarian law violations.”
The experts noted the fact that the crimes of genocide, crimes against humanity and the crime of enforced disappearances would be excluded from the jurisdiction of military and police tribunals. However, they expressed concern that the proposed changes would expand the jurisdiction of these tribunals, giving them the power to investigate, process and decide on cases of other serious human rights violations, which should also be under the authority of the ordinary criminal justice system and courts.
Those include a long list of violations of international human rights and humanitarian law, including war crimes; sexual violence; extrajudicial executions; child recruitment or use; arbitrary detention; torture and cruel, inhuman or degrading treatment; and other violations such as violence against the person and mutilation; taking of hostages; outrages upon personal dignity, including humiliating treatment; and the obligation to treat persons taking no active part in the hostilities humanely in all circumstances, without any distinction on grounds of ethnicity, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria, prohibited by the Geneva Conventions. They could also have jurisdiction over crimes committed by private security forces.
“We are very concerned that this proposed constitutional reform intends to allow institutions of military or police criminal justice to be the first to determine whether an element of any of these crimes exists,” the UN experts said. “We are particularly concerned at the possible impact of this, given that the preliminary investigation phase is essential for the clarification of facts and responsibilities, including specific criteria that could indicate precisely whether the facts suggest the perpetration of crimes against humanity or genocide.”
The UN experts warned that the establishment of a Penal Guarantees Court, as the control court to deal with any accusation against a member of the Fuerza Pública, would suggest that the accused was receiving preferential treatment, which could generate a climate of impunity. They also stressed that such a court, which, among other things, would examine cases involving military or police personnel exclusively, would suggest the existence of a parallel system of administration of justice and violate the principle of equality in relation to access to justice for all individuals and impair due process, thus undermining the rule of law.
“We are particularly concerned at the treatment of complaints of human rights violations against the civilian population, including human rights defenders and members of civil society, journalists and persons who find themselves in situations of vulnerability and risk,” they said.
The UN experts offered to provide advisory services to develop the necessary measures to ensure a constitutional and legislative framework that strengthens the fight against impunity and the achievement of peace in Colombia.
(*) Read the Open Letter: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12683&LangID=E
