APDHA presenta públicamente un informe ante el Defensor del Pueblo Andaluz
Las restricciones impuestas por los recortes económicos están imposibilitando que las personas presas accedan a un derecho básico como es el de la protección de la salud, tal y como garantiza la Constitución Española (art. 15 y 43) y el Reglamento Penitenciario (art. 208).
El ejemplo más destacado es la situación de los presos con hepatitis C, cuya tasa de incidencia es especialmente alta entre la población reclusa (superior al 25% frente al menos del 3% en la población general). Queremos denunciar que, de forma continuada, Instituciones Penitenciarias(IIPP) está dificultando o negando desde hace dos años que los reclusos enfermos de hepatitis C accedan a un nuevo tratamiento que duplica las opciones de curación y en algunos casos es su única opción terapéutica.
Según IIPP, desde agosto de 2012 hasta octubre de 2013 solamente se habían tratado a 4 enfermos con este fármaco. En cambio, desde finales de 2011 en los hospitales españoles se han administrado casi 2.000 tratamientos de la nueva terapia.
El Ministerio del Interior, del que dependen Instituciones Penitenciarias (la responsable del pago de los medicamentos de los presos), reconoce abiertamente que el tratamiento de los presos está “en función de disponibilidad presupuestaria”, y pone el coste de los medicamentos por encima de la salud y vida de estas personas, llegando incluso a exigirles un traslado de cárcel (alejándolos así de su familia) para ser tratados, cuando el resto de la población andaluza libre accede sin lista de espera alguna y el tratamiento lo realiza en su propia casa.
En informe que presentamos incluye diversos casos de internos fallecidos o en situaciones de salud muy graves debido a no haber recibido tratamiento alguno.
La situación descrita supone un flagrante atentado contra los derechos humanos que están sufriendo todos los pacientes presos en España. Es necesario investigar a cuántas personas en estas circunstancias se les está denegando su derecho al tratamiento en España y exigir el tratamiento inmediato para todo aquél que según prescripción médica lo necesite, sin listas de espera y de manera ambulatoria. Por este motivo, desde la APDHA vamos a denunciar a Instituciones Penitenciarias por responsabilidad patrimonial.
En el informe “Restricciones en el acceso a los tratamientos de la Hepatitis C. Vulneración del derecho a la salud de las personas presas” APDHA saca a la luz la vulneración tan flagrante de los derechos de los presos en relación a la salud. En multitud de ocasiones, una persona por el mero hecho de estar en la cárcel no puede acceder a un tratamiento del que sí podría disponer y se le dispensaría sin ningún problema si estuviera libre, aunque este medicamento sea imprescindible para que pueda tener alguna esperanza de vida.
Enlace directo descarga informe:
http://www.apdha.org/media/INFORME_TRATAM_HEPATITIS_marzo2014.pdf
Enlace a Campaña Sanidad en Prisión:
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=550&Itemid=41
