(Versión al español, más abajo)
Amnesty International deplores the decision of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal (SICT) to impose the death sentence on Saddam Hussein and two of his seven co-accused after a trial which was deeply flawed and unfair. The
former Iraqi dictator was sentenced today in connection with the killing of 148 people from al-Dujail village after an attempt to assassinate him there in 1982. The trial, which began in October 2005 almost two years after Saddam Hussein was captured by US forces, ended last July. The verdict was originally due to be announced on 16 October but was delayed
because the court said it needed more time to review testimony.
The case is now expected to go for appeal before the SICT´s Cassation Panel following which, if the verdict were to be upheld, those sentenced to death are to be executed within 30 days.
«This trial should have been a major contribution towards establishing justice and the rule of law in Iraq, and in ensuring truth and
accountability for the massive human rights violations perpetrated by Saddam Husseins rule,» said Malcolm Smart, Director of the Middle East and North Africa Programme. «In practice, it has been a shabby affair, marred by serious flaws that call into question the capacity of the tribunal, as currently established, to administer justice fairly, in
conformity with international standards.»
In particular, political interference undermined the independence and impartiality of the court, causing the first presiding judge to resign and
blocking the appointment of another, and the court failed to take adequate measures to ensure the protection of witnesses and defence lawyers, three of whom were assassinated during the course of the trial. Saddam Hussein
was also denied access to legal counsel for the first year after his arrest, and complaints by his lawyers throughout the trial relating to the
proceedings do not appear to have been adequately answered by the tribunal.
«Every accused has a right to a fair trial, whatever the magnitude of the charge against them. This plain fact was routinely ignored through the decades of Saddam Hussein´s tyranny. His overthrow opened the opportunity
to restore this basic right and, at the same time, to ensure, fairly, accountability for the crimes of the past. It is an opportunity missed,» said Malcolm Smart, «and made worse by the imposition of the death penalty.»
Amnesty International will now follow closely the appeal stage, where the evidence as well as the application of the law can be reviewed, and the SICT has therefore an opportunity to redress the flaws of the previous proceedings. However, given the grave nature of these flaws, and the fact that many of them continue to afflict the current trial before the SICT,
Amnesty International urges the Iraqi government to seriously consider other options. These could include adding international judges to the tribunal, or referring the case to an international tribunal — an option indicated by the UN Working Group on Arbitrary Detention last September.
Saddam Hussein is currently being tried by the SICT, together with six others, on separate charges arising from the so-called Anfal campaign, when thousands of people belonging to Iraq´s Kurdish minority were subject to mass killings, torture and other gross abuses in 1988.
—————————————————
Irak: Amnistía Internacional deplora las sentencias de muerte dictadas en el juicio de Sadam Husein
Amnistía Internacional deplora la decisión de Alto Tribunal Penal Iraquí de imponer la sentencia de muerte a Sadam Husein y a dos de sus siete coacusados tras un juicio que ha adolecido de graves de defectos y en el que no se han respetado las debidas garantías. El ex dictador iraquí ha sido condenado hoy, cinco de noviembre, por el homicidio de 148 personas del pueblo de Al-Dujail tras un intento de asesinato contra el propio Sadam Husein en 1982.
El juicio, que dio comienzo en octubre de 2005, casi dos años después de que Sadam Husein fuera capturado por fuerzas estadounidenses, concluyó el pasado mes de julio. En principio estaba previsto que la sentencia se anunciara el 16 de octubre, pero el anuncio se retrasó porque el tribunal dijo que necesitaba más tiempo para revisar los testimonios.
Ahora se espera que el caso se presente en apelación ante la Sala de Casación del Alto Tribunal Penal Iraquí, tras lo cual, si se confirma la sentencia, los condenados a muerte deberán ser ejecutados en un plazo de 30 días.
Este juicio debería haber sido un importante elemento para establecer la justicia y el Estado de derecho en Irak, y para garantizar la verdad y la rendición de cuentas por las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Sadam Husein, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. Sin embargo, en la práctica, ha sido un asunto muy irregular, enturbiado por graves defectos que ponen en duda la capacidad del tribunal, según está establecido, para administrar justicia con las debidas garantías, de acuerdo con las normas internacionales.
En particular, la independencia e imparcialidad del tribunal se han visto minadas por las injerencias políticas, que provocaron la dimisión del primer presidente del tribunal y bloquearon el nombramiento de otro. Además, el tribunal no tomó medidas adecuadas para garantizar la protección de los testigos y los abogados de la defensa, tres de los cuales fueron asesinados en el transcurso del proceso. A Sadam Husein se le negó también el acceso a asistencia letrada durante su primer año de detención, y el tribunal no parece haber respondido adecuadamente a las quejas formuladas durante todo el juicio por sus abogados en relación con los procedimientos.
Toda persona acusada tiene derecho a un juicio justo, independientemente de la magnitud de los cargos en su contra. Este simple hecho se ignoró sistemáticamente durante los decenios de tiranía de Sadam Husein. Su derrocamiento brindó la oportunidad de restaurar este derecho fundamental y, al mismo tiempo, garantizar la justicia y el rendimiento de cuentas por los crímenes cometidos en el pasado. Esa oportunidad se perdió, y la imposición de la pena de muerte supone un paso atrás, ha declarado Malcolm Smart.
Amnistía Internacional observará de cerca la fase de apelación, en la que pueden revisarse tanto las pruebas como la aplicación de la ley, lo que brinda al Alto Tribunal Penal Iraquí la oportunidad de reparar los defectos de los procedimientos anteriores. Sin embargo, dada la naturaleza de esos defectos, y el hecho de que muchos de ellos siguen afectando al actual juicio ante el Alto Tribunal Penal Iraquí, Amnistía Internacional insta al gobierno de Irak a considerar seriamente otras opciones, como incluir a jueces internacionales en el tribunal o remitir el caso a un tribunal internacional, tal como indicó el pasado mes de septiembre el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
Sadam Husein está siendo juzgado actualmente por el Alto Tribunal Penal Iraquí, junto con otros seis acusados, por otros cargos diferentes derivados de la denominada campaña de Anfal, en la que miles de personas pertenecientes a la minoría kurda de Irak fueron víctimas de homicidios en masa, torturas y otros graves abusos en 1988.
