Instan al presidente nicaragüense a que vete la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos, incluido el riesgo para la vida de la mujer
La carta enviada a Enrique Bolaños ha sido suscrita por más de cien instituciones y organizaciones
En Nicaragua la mortalidad materna podría aumentar en un 60poniendo en riesgo la vida de cientos de mujeres al año
Instituciones internacionales como la ONU y la Comisión Europea, la OMS y UNICEF también han mostrado su preocupación ante la prohibición total del aborto
El Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) y más de cien organizaciones españolas e internacionales han enviado hoy una carta al presidente en funciones del gobierno de Nicaragua, Enrique Bolaños, para que vete la derogación del artículo 165 del Código Penal. Esta medida, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado jueves 26 de octubre, prohíbe el aborto en todos los supuestos, incluido el de violación y el de riesgo para la salud de la mujer embarazada.
La tipificación del aborto como delito, lejos de eliminar esta práctica, obligará a las mujeres a recurrir a la clandestinidad con métodos extremadamente arriesgados que pondrán en peligro su salud, su libertad y su vida. En nombre de una supuesta defensa de la vida, la Asamblea Nacional nicaragüense, está dictando una sentencia de muerte o cárcel para las mujeres nicaragüenses y violentando los derechos humanos más fundamentales, suscritos por Nicaragua en diversos documentos de Naciones Unidas.
Llama poderosamente la atención que la única medida para la que se han puesto históricamente de acuerdo todos los partidos políticos en Nicaragua sea contra el derecho a la vida y a la autodeterminación de las mujeres, decisión que en el contexto de los derechos humanos de todas las personas es injusta, amoral e ilegal. Además, esta derogación se ha dado en el contexto de la campaña electoral previa a las elecciones del pasado 5 de noviembre, lo cual pone de manifiesto la utilización por parte de los partidos políticos de un tema de extrema gravedad para sus intereses electorales.
Por este motivo el GIE ha lanzado una movilización social de protesta que ha sido suscrita por 15 organizaciones internacionales y 85 españolas entre las cuales se encuentran Médicos del Mundo, Católicas por el Derecho a Decidir, la Federación de Asociaciones Medicus Mundi y diversas ONG como Atelier, Cooperacció, Solidaridad Internacional, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción. También han suscrito la carta numerosas asociaciones de profesionales sanitarios ? como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la I.V.E. y la Federación de Asociaciones de Matronas (FAME) ?, movimientos internacionales, organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos como la Red estatal de Organizaciones Feministas contra la violencia de género, la Asociación de Mujeres para la Salud, la Asociación Asistencia a Victimas de Agresiones Sexuales, Dones en Xarxa y Mujeres en red entre otras muchas. El escrito cuenta, además, con más de sesenta adhesiones individuales, provenientes de todos los ámbitos sociales.
Morirán miles de mujeres
El artículo derogado despenalizaba el aborto terapéutico, o la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación por indicación médica, determinada científicamente con la intervención de tres facultativos y el consentimiento del cónyuge o de pariente cercano a la mujer como requisitos legales. Hoy en día en Nicaragua, se producen en torno a 32 mil interrupciones voluntarias del embarazo al año, según la organización internacional Ipas, aunque no todas ellas se llevan a cabo en circunstancias sanitarias adecuadas. El aborto en condiciones de riesgo era – ya desde antes de que se aprobara esta medida legislativa -, un importante problema de salud en este país centroamericano donde, según datos del año 2002, unas 7 mil mujeres son hospitalizadas anualmente a causa de abortos realizados en circunstancias inadecuadas.
La nueva ley asegura que un elevado número de mujeres nicaragüenses con embarazos ectópicos, eclampsia, cardiopatías, leucemia, cáncer, tuberculosis u otras enfermedades que ponen en peligro su salud y sus vidas durante la gestación, no podrán acceder al aborto terapéutico en el sistema de salud de Nicaragua. A lo cual se añadirá el riesgo de pérdida de libertad de las mujeres que se sometan a un aborto fuera de la ley, de acuerdo a las nuevas medidas condenatorias de prisión aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, con el consiguiente riesgo añadido para la vida y el sostenimiento de sus familias. La medida deja igualmente en situación de desprotección médica y legal a las y los gineco-obstetras y profesionales de la salud que atienden a las mujeres que necesitan un aborto terapéutico.
Las más perjudicadas por la prohibición total del aborto serán, como tantas veces, las mujeres más pobres que pagarán el precio de más alto esta medida. Ellas son quienes tienen más dificultades de acceso a los métodos de planificación familiar y, por tanto quienes sufren más embarazos no deseados. Asimismo, también se encuentran afectadas en mayor medida por factores que hacen que su embarazo sea de alto riesgo incluyendo la desnutrición, la falta de educación, el sistema social patriarcal y la inaccesibilidad geográfica a los servicios de salud, especialmente en el medio rural. Las mujeres más pobres de Nicaragua, que no pueden costearse otros medios o viajar para que puedan realizarles la intervención en condiciones seguras, se verán abocadas a la clandestinidad, a peligrosísimos métodos «caseros» o incluso a medidas extremas como el suicidio, ante la desesperación por no encontrar una alternativa.
Ante la gravedad de esta legislación, que constituye un paso atrás en el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva, así como el resto de las organizaciones firmantes, quieren llamar la atención de la opinión pública y esperan que la decisión de veto por parte del presidente se haga efectiva e impida este dramático cambio en la ley.
