El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que obliga a las comunidades autónomas a enviar de forma periódica a Medio Ambiente datos sobre la contaminación atmosférica. De esta manera, los ayuntamientos y las comunidades autónomas estarán condicionados por esta ley a la hora de tomar decisiones en materia de urbanismo.
El nuevo proyecto busca reforzar la capacidad de acción para afrontar los problemas de la contaminación del aire, en particular en medios urbanos de más de 250.000 habitantes y que está inspirada en los principios de cautela y acción preventiva, de corrección de contaminación en la fuente y de quien contamina paga.
Según ha anunciado hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta Ley es necesaria por la urgencia del problema ?que causa cada día 16.000 muertes al año- y por le necesidad de de modernización de una normativa que tiene ya 35 años y que está, evidentemente desfasada. De la Vega se refiere a la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, que data de 1972.
De la Vega ha señalado que el Gobierno central y los autonómicos tendrán que ponerse de acuerdo sobre los valores límite de las emisiones contaminantes, las normas urbanísticas y las autorizaciones del uso de algunos suelos, además de realizar una zonificación o mapa de áreas especialmente protegidas.
