Intentándolo de nuevo en los pueblos fantasmas de Colombia
San Miguel, Colombia, 21 de febrero (ACNUR)
A las orillas del río San Juan, en la selva tropical del Pacífico colombiano, el pequeño asentamiento de San Miguel lentamente vuelve a la vida. Las chozas de madera están recién pintadas de azul y rosado brillante; una pequeña tienda vende bebidas suaves junto con comida enlatada y al medio día, niños con uniformes de color azul oscuro salen corriendo de una escuela con techo de lata.
Hace dos años, San Miguel era un pueblo fantasma. Hoy, como docenas de asentamientos indígenas y afro-colombianos a lo largo del río San Juan, se encuentra de nuevo bajo el riesgo de la violencia. Las peleas entre los grupos rivales entre ellos organizaciones armadas surgidas recientemente han empezado nuevamente y se están expandiendo hacia el norte del río a la región del Chocó.
Tanto las comunidad indígenas como las afro-colombianas son muy vulnerables: o tienen un alto riesgo de ser desplazadas, o quieren irse pero no pueden hacerlo, dice Julio Roberto Meier, Representante del ACNUR en Colombia.
Él añadió que la semana pasada, el ACNUR fue al río San Juan con embajadores de derechos humanos de cuatro países europeos España, Francia, Países Bajos y Suecia. Ellos pudieron presenciar de primera mano la situación humanitaria en esta remota y aislada parte de Colombia.
Es extremadamente importante que otros países sepan cómo es la vida para estas pequeñas comunidades que viven en zonas de conflicto. En lugares como San Miguel o Bebedó, la posibilidad de perderlo todo una vez más es especialmente desesperanzadora para personas que ya han sufrido tanto, dijo.
Como el 85 por ciento de la población de Chocó, la comunidad de San Miguel es afro-colombiana. Sus 1.500 habitantes huyeron por primera vez cuando las peleas entre los grupos armados iniciaron a finales de 2004. Ellos se unieron a las miles de personas desplazadas de otros asentamientos en los pequeños pueblos río arriba. Nunca antes vivimos en una ciudad y no sabíamos qué hacer. Uno tiene que comprar todo lo que come, hasta un banano o un mango cuesta plata, dice José, quien fue uno de los primeros en regresar a San Miguel, con sus ocho hijos, en el verano de 2005.
El enfrentamiento se reanudó pocos meses después y toda la familia fue forzada a huir una vez más. Volvieron el año pasado y hoy, cerca de la mitad de la población de San Miguel ha regresado. Ellos enfrentan una lucha constante contra la inseguridad y la pobreza.
San Miguel no tiene siquiera la infraestructura más básica. Una vez hubo electricidad pero los postes de madera se pudrieron y nunca fueron remplazados. La clínica sigue cerrada, la escuela reabrió pero solamente para niños hasta los 11 años. El agua viene del río: se usa para cocinar, lavar y beber. Antes se usaba también para pescar pero ya no quedan muchos pescados en el río debido a la contaminación con mercurio.
Y una vez más el espectro de la violencia acecha a San Miguel. Uno por uno, los pueblos cercanos se están quedando vacíos. El último fue el turno de Santa Rosa, el asentamiento grande más cercano, solamente a una hora en bote hacia el sur. Sus habitantes huyeron cuando hombres armados y uniformados quienes se identificaron como no pertenecientes a las fuerzas armadas regulares llegaron en Navidad.
Les dijimos que íbamos a una fiesta de Año Nuevo río abajo. Tomamos solamente la ropa que estábamos usando y ropa de fiesta, así ellos no pensarían que nos íbamos para siempre, dice Denise, una abuela de 55 años que llegó al pequeño pueblo de Istmina el 27 de diciembre. Desde entonces comparte una choza a la orilla del río con otras 13 personas. Dice que han sido bien recibidos, pero es difícil vivir en los hogares de otras personas. No podrá acostumbrarse nunca, aunque es la tercera vez que busca refugio en la ciudad desde el año 2004.
Alrededor del 10 por ciento de la población del Chocó vive en situación de desplazamiento. Muchos, como Denise y José, han intentado regresar a sus casa varias veces, solamente para enfrentar más violencia e inseguridad.
Mientras el conflicto continúe, las condiciones para un retorno seguro no existen, dice Meier. El ACNUR está haciendo lo que puede para ayudar a cabildear por una infraestructura básica y otras formas de ayuda. Pero al final, nosotros no podemos garantizar su seguridad física y sin eso, todo lo demás puede ser destruido en un día.
Hay 3 millones de personas internamente desplazadas en Colombia, la mayor población de interés para el ACNUR en todo el mundo. Como parte de la campaña de 2007, año de los derechos de las personas desplazadas en Colombia, la agencia para los refugiados ha unido esfuerzos con más de 130 organizaciones para promover y cabildear por los derechos de estas personas.
Fuente: ACNUR
