Más de 900 mil personas que viven bajo el sistema penitenciario latinoamericano padecen hacinamiento (40 por ciento de ellas), retardos procesales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violación de los derechos a la vida, salud y educación, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Observatorio Latinoamericano de Prisiones (OLAP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Las organizaciones presentaron la semana pasada, durante una audiencia especial para el tema, las múltiples violaciones de derechos humanos que viven gran parte de los detenidos y detenidas en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela, informa Cejil en un boletín.
El Observatorio se mostró preocupado por la discusión de cuatro proyectos de ley para establecer la pena de muerte en Perú y la posible reapertura del penal Challapalca, el cual fue clausurado por recomendación de la CIDH.
Por otro lado, en Guatemala se encuentran 25 personas en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutadas. En este mismo país, el 22 de febrero, cuatro ex policías que permanecían detenidos fueron asesinados en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón.
Asimismo, a principios de este año, en El Salvador fallecieron 21 reclusos en un enfrentamiento en el penal de Apanteos.
En la audiencia, OLAP solicitó a la CIDH que emitiera un pronunciamiento para la abolición de la pena de muerte en la región y que realizará visitas in loco para verificar la situación carcelaria en cada país.
Además, pidió que en cada período de sesiones se analice la problemática carcelaria de la región. También, instó a la Comisión a elaborar un informe especializado sobre la violación de los derechos de las personas privadas de libertad que incorpore temas como: género, salud, hacinamiento, retardos procesales, personal calificado e infraestructura.
Asimismo requirió a la CIDH que inste a los Estados miembros el cese definitivo de actos de descalificación pública, hostigamiento y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos de personas privadas de libertad.
El presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, reconoció la importancia de la creación del OLAP.
Respecto de las peticiones expresó que la CIDH se sujeta a las reglas del sistema interamericano en términos de la pena de muerte y espera que los Estados se pronuncien hasta llegar a la abolición absoluta de la pena de muerte.
La misión de OLAP es transformar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad en América Latina, para garantizar con dignidad humana el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los respectivos Estados, en la búsqueda permanente de alternativas para una sociedad sin cárceles y sin pena de muerte.
Esta nueva organización fue creada en noviembre de 2006 en la Isla de Margarita, Venezuela, como respuesta de organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, ante la grave situación en la que viven casi 900 mil personas en las cárceles de la región.
Cejil es una organización, no gubernamental, de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano, cuyo objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
CEJIL no persigue fines de lucro y cuenta con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
Fuente: CIMAC
