(Washington, D.C.) Las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos sufren índices desproporcionadamente elevados de violación y violencia sexual, pero el gobierno federal ha creado importantes barreras que dificultan el acceso a la justicia, sostiene Amnistía Internacional en un informe que la organización ha hecho público ayer, 24 de abril de 2007. Las cifras del Departamento de Justicia indican que las mujeres indígenas tienen 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o sufrir agresiones sexuales que las mujeres de Estados Unidos en general. Más de una de cada tres mujeres indígenas serán violadas en el transcurso de su vida.
El gobierno de Estados Unidos ha creado un complejo laberinto de jurisdicciones tribales, estatales y federales que a menudo permite a los responsables de violaciones actuar con impunidad, y en algunos casos crea de hecho vacíos jurisdiccionales que alientan las agresiones. Es necesario establecer el lugar donde se cometió el delito y la identidad del responsable para determinar qué autoridades tienen jurisdicción, y en este proceso se pierde un tiempo decisivo. Estas deficiencias propician investigaciones inadecuadas o falta de respuesta.
Otras complicaciones son la falta de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual debidamente capacitados en las instalaciones del Servicio Indígena de Salud que se ocupen de los exámenes forenses y la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley manejen de forma incorrecta las pruebas cuando utilizan materiales para la recogida de pruebas en casos de violación. El resultado es que en muchos casos las mujeres indígenas:
no reciben una respuesta oportuna de la policía, en el supuesto de que reciban respuesta,
pueden no ser sometidas a exámenes médicos forenses,
pueden ver que sus casos no llegan a ser objeto de procesamiento.
Fuente: AI
