Cáritas. 7 de octubre de 2008.- El Consejo de Cáritas Diocesana de Valencia, reunido el pasado 4 de octubre de 2008, ha difundido un comunicado acerca de la situación provocada por el retraso de la puesta en marcha de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (Ley 9/2007, de 12 de marzo), que coincide con este momento de crisis económica que afecta, de manera especial, a las personas más desfavorecidas. En dicha declaración, el máximo órgano de Cáritas Valencia valora positivamente la modificación del artículo 18 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana por el que se hacía extensivo a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma el derecho a una renta básica de ciudadanía. Esta modificación del Estatuto suponía una posibilidad real de mejora de las condiciones de vida de miles de personas que malviven aún bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, el Consejo Diocesano de Cáritas Valencia llama la atención sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos en protección social y de que estos sistemas se fortalezcan para apoyar, no solo aquellas situaciones de vulnerabilidad que se están produciendo en la actualidad; sino también a aquellas personas que padecen extrema pobreza y que deben ser atendidas a largo plazo. Por ello, en el citado comunicado se reclama, entre otras cosas que, en una situación como la actual, se dote económicamente esta partida, llevando a cabo una gestión ágil y transparente de los fondos asignados a apoyar a las personas y familias que viven en la exclusión social; y que se evite al máximo las la burocratización de los servicios sociales a la hora de gestionar las ayudas.
COMUNICADO DEL CONSEJO DIOCESANO DE CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA
El Consejo de Cáritas Diocesana de Valencia, reunido el pasado 4 de octubre de 2008, ha realizado una reflexión acerca de la situación provocada por el retraso de la puesta en marcha de la LEY DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (LEY 9/2007, de 12 de marzo).
En este sentido, el citado órgano, quiere MANIFESTAR que:– El recién modificado Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 18 dice: «Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la Ley.– Cáritas recibió en su día con alegría la noticia de la modificación de este artículo en la Carta Magna de la Comunitat y de la aprobación de la ley que lo iba a regular, ya que era una posibilidad real de mejora de las condiciones de vida de miles de personas que, en nuestra rica sociedad valenciana malviven aún bajo el umbral de la pobreza.– A pesar de que el derecho era extensible, según el citado artículo a todo ciudadano valenciano, “en estado de necesidad”, la norma posterior vinculó dichas ayudas a la reinserción laboral.
Por todo ello, el Consejo Diocesano de Cáritas LLAMA LA ATENCIÓN sobre:
El hecho de que, en estos momentos de crisis o desaceleración de la economía, es necesario redoblar los esfuerzos en protección social, y que estos sistemas se fortalezcan para poder apoyar, no solo aquellas situaciones de vulnerabilidad que se están produciendo en la actualidad; sino también a aquellas personas que padecen extrema pobreza y que deben ser atendidas a largo plazo.
Es necesario dotar económicamente de forma suficiente a la Ley y sus reglamentos posteriores.
Es igualmente urgente atender aquellas necesidades que sufren las personas de difícil empleabilidad que una vez más quedan al margen de la letra de esta ley y que, en cualquier caso, deben seguir siendo atendidas.Por eso, el Consejo de Cáritas Diocesana RECLAMA a la Administración autonómica:
1. Que se dote suficientemente la partida de ayudas a los más necesitados de nuestra sociedad, llevando a cabo una gestión ágil y transparente de los fondos asignados a apoyar a estas personas y familias que viven en la exclusión social.
2. Las ayudas que se prevé gestionar tras la aplicación de la LEY DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA vienen a paliar necesidades acuciantes y urgentes de ciertos sectores de la población que no pueden verse sometidos a la burocratización de los servicios sociales.
3. Un replanteamiento de los Servicios Sociales de forma que las ayudas de derecho no se vean sometidas a disponibilidad presupuestaria.
4. Desde Cáritas se ha detectado, del mismo modo, una importante falta de información que afecta, no sólo a la sociedad en general sino también muy especialmente a los posibles beneficiarios de las nuevas medidas y entre los propios miembros de los servicios sociales públicos.
Por su parte, Cáritas Diocesana de Valencia, que como organismo de la Iglesia Católica lleva años al servicio de muchas de las personas que dependen de la citada Ley está en disposición de colaborar en:
– Detectar las necesidades que existan en el territorio de su competencia, informar a los posibles beneficiarios de sus nuevos derechos y hacer llegar a las administraciones competentes, en cada caso, las necesidades que ha percibido, gracias a su amplia red, que se extiende a lo largo de toda la Diócesis de Valencia.
– Ofrecer acompañamiento personalizado a aquellos que viven en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión social.
– Actuar como interlocutor, junto con otras organizaciones, para colaborar en el desarrollo y la puesta en práctica de la ley.
