Ante la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria (RANSA), que tendrá lugar en Madrid los días 26 y 27 de enero próximos, la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” solicita a los gobiernos que asuman con honestidad la incoherencia e ineficacia de las políticas de las últimas décadas y que se comprometan a atajar realmente las crisis alimentaria, ecológica y energética originadas por el actual modelo de desarrollo.
Según la FAO, en 2007 vivían en el mundo 923 millones de personas hambrientas, cifra que aumentó en 2008 hasta alcanzar los 963 millones por ser éste el año en el que se produjo el mayor incremento de los precios de los alimentos. Esta crisis alimentaria no puede desvincularse de las crisis económica, climática y energética que asolan el planeta, ya que las cuatro comparten el mismo origen: el actual modelo de desarrollo, fundamentado en el crecimiento económico salvaje, la liberalización de la economía y de los mercados y una agricultura que no tiene como prioridad la realización del derecho a la alimentación de las personas sino el comercio. Ya nadie se atreve a decir que el hambre es consecuencia de la falta de alimentos. El hambre del siglo XXI hunde sus raíces en la discriminación y marginación en la que viven millones de personas y en la supremacía de los intereses comerciales y económicos frente a los derechos humanos. Pese a la obligación de los estados de respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, poniendo para ello todos los recursos disponibles, a lo largo de las últimas décadas,
- la agricultura ha perdido relevancia en los presupuestos públicos, pasando de suponer una media del 18% de los presupuestos en la década de los 80 al 3-4% actualmente;
- los países que actualmente demandan los biocombustibles se abstraen de las consecuencias que su demanda tiene en la competencia por los recursos productivos;
- iniciativas como el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 o las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación aprobadas en 2004 no han sido implementadas en su totalidad por la falta de voluntad política;
- las políticas comerciales, de protección de mercados y de subsidios de los países del Norte, han expulsado a los productores locales de los mercados y han convertido a las materias primas en objeto de especulación;
- y las estructuras de coordinación de instituciones, personas y programas de intervención en la lucha contra el hambre se han hecho tan complejas y con tantos participantes que se pone en riesgo su eficacia mientras se incrementa la burocracia.
Ante la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria (RANSA) promovida por el presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” exige a los gobiernos, entre otras medidas, orientar la lucha contra el hambre desde el enfoque de la realización del derecho humano a la alimentación; identificar quiénes son los hambrientos y por qué lo son, así como eliminar las condiciones que generan la vulnerabilidad; colocar en un lugar central en los programas de desarrollo económico, una agricultura cuya finalidad sea garantizar la seguridad alimentaria; incrementar la inversión en agricultura; reformar el sistema de producción de alimentos y asegurar una producción estratégica dirigida a cubrir las necesidades alimenticias de la población, de modo que no esté sometida a las fluctuaciones de los mercados; y supervisar y garantizar las políticas, inversiones, acuerdos, tratados, etcétera, tanto gubernamentales como los de las entidades privadas con base en países o regiones con un alto índice de personas hambrientas para que no agraven el problema y sean proactivos en la realización del derecho humano a la alimentación y la reducción del número de personas que pasan hambre.
























