Eritrea La represión crea una crisis de derechos humanos, según HRW

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Los países receptores deben cesar la devolución de refugiados eritreos.

(Londres) – La práctica extendida en Eritrea de detención y tortura de sus ciudadanos y su política de prolongar el servicio militar obligatorio están creando una crisis de derechos humanos y provocando que cada vez más eritreos huyan del país, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 95 páginas "Service for Life: State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea" (Servicio perpetuo: Represión estatal y servicio militar indefinido en Eritrea) documenta las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno eritreo, que incluyen detención arbitraria, tortura, terribles condiciones de reclusión, trabajo forzoso y graves restricciones de la libertad de movimientos, expresión y culto. También analiza la difícil situación a la que se enfrentan los eritreos que logran escapar a otros países como Libia, Sudán, Egipto e Italia.

"El Gobierno de Eritrea está convirtiendo el país en una prisión gigantesca", señaló Georgette Gagnon, directora para África de Human Rights Watch. "Eritrea debe rendir cuentas inmediatamente por los cientos de presos ‘desaparecidos' y abrir sus cárceles al examen independiente", agregó.

Human Rights Watch instó a Estados Unidos y a la Unión Europea a que se coordinen con la ONU y la Unión Africana para resolver las tensiones regionales y garantizar que la asistencia al desarrollo otorgada a Eritrea esté vinculada con el progreso en materia de derechos humanos.

La UE aprobó recientemente un paquete de asistencia de 122 millones de euros para Eritrea, a pesar de la preocupación por el empleo de personas en el servicio militar o en prisión para los proyectos de desarrollo, una violación del derecho internacional.

El informe, que se basa en más de 50 entrevistas con víctimas eritreas y testigos de los abusos en tres países, explica que el gobierno eritreo utiliza un amplio sistema de centros de detención oficiales y secretos para encarcelar a miles de ciudadanos sin cargos ni juicio. Muchos de los presos están recluidos por sus creencias políticas o religiosas, otros por intentar escaparse del servicio militar indefinido o huir del país.

La tortura, el trato cruel y degradante y el trabajo forzado son habituales tanto para los que cumplen el servicio militar como para los presos. Las condiciones de detención son terribles: los reclusos suelen estar hacinados en celdas (a veces subterráneas) o en contenedores que alcanzan temperaturas abrasadoras durante el día y de congelación durante la noche.

Los que intentan huir corren el riesgo de recibir duros castigos y de que les disparen cuando crucen la frontera. El gobierno también castiga a los familiares de los que escapan o desertan del servicio militar con multas exorbitantes o penas de prisión. A pesar de estas duras medidas, miles de eritreos siguen intentando huir del país.

La mayoría de los refugiados escapan primero a los vecinos Etiopía y Sudán, desde donde viajan a Libia, Egipto y Europa. En los últimos años, cientos de eritreos han sido devueltos desde Libia, Egipto y Malta a Eritrea, donde han enfrentado detención y tortura a su llegada.

Teniendo en cuenta el riesgo de maltrato que corren los retornados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha aconsejado que no se deporte a nadie a Eritrea, ni siquiera a las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Human Rights Watch instó a todos los países que albergan a solicitantes de asilo eritreos a que no los devuelvan a su país, debido al riesgo de tortura.

"Los países que reciben a refugiados eritreos tienen que asegurarse de que reciban la protección y asistencia que necesitan", señaló Gagnon. "Bajo ninguna circunstancia se debe retornar a los eritreos a su país, donde se enfrentan con casi total seguridad a la detención y la tortura por el simple hecho de haber huido", agregó.

Los eritreos celebraron la independencia de Etiopía en 1993, después de una guerra sangrienta de 30 años. Sin embargo, el gobierno del presidente Isayas Afewerki, quien lideró al país en gran parte de su extraordinaria lucha por la independencia, ha restringido constantemente las libertades democráticas, especialmente desde la represión de 2001 contra la oposición política y los medios de comunicación.

Eritrea afirma que la prolongación de la movilización masiva de sus ciudadanos se debe a preocupaciones de seguridad derivadas de un conflicto fronterizo de dos años con Etiopía, que se cobró decenas de miles de vidas entre 1998 y 2000. El gobierno acusa con frecuencia a Estados Unidos, las Naciones Unidas y algunos países africanos del actual estancamiento político, y alega que no han presionado a Etiopía para que acate la decisión sobre la demarcación fronteriza establecida por una comisión independiente de la ONU, que concedió una zona en disputa a Eritrea.

Eritrea ha tenido relaciones tensas o enfrentamientos militares con todos sus vecinos en algún momento, y el punto muerto en las relaciones políticas entre Eritrea y Etiopía ha contribuido a la inestabilidad regional. Ambos gobiernos han apoyado a grupos armados de oposición al gobierno contrario; y el respaldo de Eritrea a las milicias islámicas en Somalia ha agravado el conflicto en dicho país.

"La crisis de derechos humanos de Eritrea está empeorando y aumentando aún más la volatilidad del Cuerno de África", señaló Gagnon. "Los gobiernos estadounidense, europeos y de otros países tienen que coordinar sus políticas en esta región para atenuar las tensiones y hacer que el progreso en materia de derechos humanos sea una criterio esencial para las relaciones con Eritrea", agregó.