Unicef Congreso Infancia y Protección Internacional en Europa

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¿Es Europa tierra de asilo para menores que necesitan protección internacional?

“Para acabar con la violencia contra los menores hay que combatir la impunidad, invertir en el cambio de actitud, ofrecer mejoras económicas y sociales y dar a los menores la capacidad de intervenir contra las violaciones de sus derechos”.

Así de contundente se mostraba Marta Santos Pais, Representante Especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Violencia contra los Niños, en su intervención en el Congreso Infancia y Protección Internacional en Europa celebrado ayer en Madrid. En este encuentro, en el que se han dado cita diversos expertos, profesionales y representantes institucionales, se ha debatido sobre el presente y futuro de la protección internacional de los menores que huyen de sus países por la violación de sus derechos humanos.

 

Los menores son uno de los colectivos más vulnerables de entre los 50 millones de refugiados y desplazados que hay en todo el mundo. Del total de refugiados, casi la mitad son niños y niñas. A consecuencia de los últimos conflictos y guerras, más de dos millones de niños han muerto y seis millones de menores han resultado heridos. Otros muchos han perdido a sus padres o en la confusión de la huida se separaron de sus progenitores para no volverse a encontrar. Así es para un millón de huérfanos. A veces son secuestrados y obligados a luchar como niños soldados o a trabajar como esclavos sexuales. Alrededor de 300.000 niños y niñas se encuentran en esa situación. Algunos de estos menores logran llegar a nuestro país o a otros países europeos huyendo de tan dramático destino, pero son muy pocos los que consiguen protección en nuestro continente.

 

Son numerosos los obstáculos y dificultades a los que se enfrentan los menores refugiados que llegan a Europa. Se trata de personas especialmente vulnerables, por su minoría de edad, a lo que se añade el hecho de ser extranjeros y vivir con el temor a ser perseguidos si son devueltos a su país. Así lo han relatado en primera persona los verdaderos protagonistas, jóvenes que llegaron a nuestro país siendo menores, en busca de protección. Como João, antiguo niño soldado, secuestrado y obligado a combatir forzosamente en la guerra civil que asoló Angola hasta el año 2002, o como Arash, quién con 12 años huyó de un reclutamiento forzoso a finales de los años 80, durante la cruenta guerra entre Irán e Irak.

 

“Mi padre me envió a Turquía con 12 años para librarme del servicio militar, ya que a partir de los 14 te retiraban el pasaporte y pasabas a ser ya un futuro soldado”, comentó Arash. “Desde Turquía me proporcionaron un pasaporte falso para viajar a Canadá, haciendo tránsito en Madrid”, añadió este joven iraní, quien tras varios intentos fallidos de solicitar asilo en el aeropuerto de Barajas, incluyendo una huelga de hambre y un motín en el avión en el había sido embarcado para retornarle, consiguió evitar su expulsión. En el caso de Arash, la movilización de medios de comunicación y la actuación de un abogado, permitió su salida del aeropuerto y la tramitación de su petición de asilo, que le fue otorgado unos años después. Esto ocurrió en 1987, apenas tres años después de la entrada en vigor de la primera ley de asilo, y actualmente hay mecanismos incorporados en puestos fronterizos para la recepción y tramitación de peticiones de asilo.

 

“Yo tenía 12 años cuando yendo de viaje con mi tío nos sorprendió una emboscada de la guerrilla de UNITA, en la que vi cómo disparaban a quemarropa a mi tío y a mí me secuestraron”, explicaba João, quien fue obligado a servir como esclavo de guerra para este grupo rebelde hasta convertirlo en niño soldado. “Nos torturaban física y psicológicamente, hacía magia negra y sacrificios para intimidarnos y anular nuestra voluntad” comentó João “nos prohibían llorar, manifestar amistad o el apego con nuestros compañeros, de manera que teníamos que mantener todo en secreto. Así empecé a ser soldado”, concluyó este joven angoleño.

 

Con el apoyo de diversas organizaciones y entidades especializadas en asilo, y grandes dosis de esfuerzo personal, ambos jóvenes lograron salir adelante en España y rehacer sus vidas con éxito.

 

No menos dura es la situación de las niñas obligadas a casarse a la fuerza, como ha quedado reflejado durante el Congreso. Una dura realidad que afectará a 100 millones de niñas que contraerán matrimonio antes de cumplir 18 años a nivel mundial.

 

Paloma Favieres, abogada de CEAR, se hizo eco del caso de una menor romaní, víctima de dos matrimonios forzosos con apenas 13 años, y de malos tratos en Rumanía. Su solicitud de asilo en España, sobre la base de violencia de género, fue denegada por proceder de un país de la Unión Europea. La abogada indicaba que el caso de esta niña pone de manifiesto el vacío de protección existente en la actual legislación de asilo española, que excluye a los ciudadanos comunitarios de ser reconocidos como refugiados.

 

Se calcula que el número de menores extranjeros no acompañados en España ronda los 5.500, de los cuales apenas 20 han llegado a solicitar asilo en 2009, mientras que en el resto de la Unión Europea y países industrializados lo hicieron 20.000 menores. “Aunque la legislación española y europea insistan en la importancia de considerar el Interés Superior del Menor para orientar las decisiones respecto a este colectivo, en la práctica nos encontramos con muchos casos en los que éste interés no parece haberse tenido en cuenta”, comentó Bartolomé José Martínez, Asesor de la Oficina del Defensor del Pueblo.

 

Los diferentes aspectos que afectan a los menores que buscan protección en Europa y España han sido abordados en el Congreso a través de mesas redondas, ponencias y presentaciones de estudios. Además de Marta Santos Pais, han participado diferentes representantes institucionales españoles como Julián Prieto, Subdirector General de Asilo del Ministerio del Interior, Estrella Rodríguez, Directora General de Integración de los Inmigrantes, Bartolomé José Martínez, asesor del Defensor del Pueblo, o Consuelo Madrigal Martínez, Fiscal de Sala Coordinador de Menores del Tribunal Supremo. A nivel europeo han participado Blanche Tax, de ACNUR en Bruselas, Jessica Blommaert, de Coordination et Initiatives Réfugiés et Étrangéres de Bélgica, y Carmen de la Viuda, de la Representación Permanente de España ante la UE en Bruselas.

 

El Congreso Infancia y Protección Internacional en Europa: Niños y Niñas refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria forma parte del Proyecto Solidaridad de Responsabilidades liderado por La Merced Migraciones, ACNUR y la Cátedra Santander de derecho y menores de la Universidad Pontificia Comillas, en colaboración con Save the Children, Baketik, CEAR y UNICEF. Este proyecto cuenta con la financiación del Fondo Europeo para los Refugiados y de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.