COMUNICADO de la Asociación Profesional de Cooperantes con motivo de la Semana de la Cooperación internacional para el desarrollo 2011 En momentos de crisis más y mejor cooperación

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Con motivo de la Semana de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se celebra del 5 al 9 de Septiembre del 2011, la Asociación Profesional de Cooperantes (APC) quiere, un año más, emitir un comunicado público sobre el momento que estamos atravesando. 

 

En este año 2011 se nos ha solicitado que comparezcamos ante al Senado y ante el Congreso de los Diputados para expresar nuestra opinión sobre dos cuestiones de suma importancia. La primera de ellas, ante el Senado español, fue para que expresáramos nuestro criterio sobre la normativa aplicable a los cooperantes, específicamente sobre el Estatuto del Cooperante, y la segunda, ante el Congreso de los Diputados, para que planteáramos nuestra posición sobre las perspectivas futuras de la cooperación española. En ambos casos hemos realizado una evaluación en profundidad sobre el modelo, reconociendo amplios avances en el mismo, y aportando a su vez ideas constructivas para su mejora. 

 

Con respecto al Estatuto del Cooperante la falta de consulta, en el momento de su aprobación, con el colectivo afectado, es decir con los propios cooperantes, ha traído numerosos problemas en su puesta en práctica. El principal de ellos es que sus beneficios no cubren a los familiares directos de los mismos. Por poner un ejemplo claro de cómo nos afecta esta carencia, es como si la Seguridad Social española solo cubriera al trabajador contratado y no a sus dependientes. Esto es especialmente grave, ya que al carecer el sector de la cooperación de un Convenio Colectivo, nuestra relación laboral se regula básicamente por el Estatuto de los Trabajadores y por el Estatuto del Cooperante. El primero está pensado para trabajadores que ejercen su trabajo de forma permanente en España, y por lo tanto no contempla la asistencia médica en el exterior, la escolaridad de los hijos en el exterior, los traslados al extranjero, los permisos, las bajas y descansos en el exterior, así como un largo etcétera que nos deja en la más completa indefensión. Y el segundo, es decir el Estatuto del Cooperante, que debería de haber dado respuesta a estos y otros temas específicos de nuestra profesión, lamentablemente no lo hizo.El resultado de estas carencias es que por el hecho de realizar nuestro trabajo de cooperantes en el exterior somos discriminados, en nuestros derechos laborales, con respecto al resto de los trabajadores españoles.  

 

En relación a las perspectivas de futuro de la cooperación española creemos que hay que hacer cambios importantes, y de calado, en el actual sistema. Básicamente cambiando la concepción de que la cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta más de la política exterior española.

 

Es necesario modificar esta orientación para conseguir que la política de cooperación sea una auténtica «Política de Estado» que garantice su coherencia, eficacia y eficiencia más allá del partido que gobierne e independientemente de los intereses de otro tipo que rijan nuestra política exterior, ya sean estos comerciales, militares, culturales o cualquier otro que no tenga que ver con el desarrollo de los pueblos, entendido en su sentido más amplio e inclusivo. 

 

Éste debería ser el objetivo común de la ciudadanía española, independientemente de la fuerza política que se encuentre en el poder. Por eso son difíciles de entender comentarios como los leídos recientemente en la prensa de que “en España no cabe un tonto más porque regalamos 25 millones para África” 

 

Lo primero que hay que aclarar es que la cooperación para el desarrollo no es ningún regalo. El desarrollo es un derecho de los pueblos y las sociedades, y en consecuencia, una obligación del conjunto de la ciudadanía mundial el crear las condiciones para ello. En nuestro caso concreto, el de las sociedades ricas, o mejor, enriquecidas a costa del empobrecimiento de las otras, ese deber se materializa en la “obligación» de la ayuda. Es necesario recordar que en el 2015 debemos alcanzar, junto a nuestros socios europeos, el 0,7% del PIB en ayuda oficial al desarrollo.  

 

Por lo tanto, para alcanzar este objetivo, en España y en el mundo, no debería caber un solo insolidario más. Es precisamente el actual modelo económico, egoísta, individualista e insolidario, el que está provocando la crisis mundial que padecemos. Un modelo basado en el crecimiento económico productivista constante, sin sentido, y a cualquier costo, que nos está llevando a que la riqueza se acumule cada vez más en menos manos, a acabar con los recursos naturales del mundo, y a provocar la desaparición de otras especies, e incluso de la humana, del planeta. 

 

No podemos seguir midiendo el crecimiento de una sociedad por su PIB. Es necesario incorporar y difundir otras variables como el nivel de reparto de la riqueza, la esperanza de vida, la igualdad real entre mujeres y hombres, la salud, la educación de la ciudadanía, su nivel de satisfacción y felicidad, los productos y servicios que generan malestar humano aunque sumen al PIB, e indicadores medioambientales que nos motiven a sentir la necesidad de una contabilidad ambiental nacional y mundial. 

 

Estamos de acuerdo en que es necesario acabar con el hambre en el mundo, en proporcionar más educación y salud a la ciudadanía y en acabar con las enfermedades que asolan a una gran parte de la población mundial. Ésta es una condición necesaria para el desarrollo humano, pero no suficiente. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio no basta para que los pobres del mundo, que son cada vez más numerosos, salgan de la pobreza. Es necesario cambiar el actual modelo económico por otro basado en la inclusión. Un nuevo modelo que tome en cuenta a las poblaciones excluidas del desarrollo. Un nuevo modelo que, partiendo de una visión integral de la sociedad, procure más cohesión social por medio de una mayor participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas. Estas políticas deben de contemplar el pleno disfrute, por todos y todas y para todas y todos, de los beneficios de la riqueza. 

 

Entendemos que ese es el camino para un desarrollo inclusivo, sostenido y sostenible y para una auténtica y verdadera lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo.