El pasado 16 de enero, la Federación española de Ingeniería Sin Fronteras, Ecologistas en Acción y la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento solicitaron a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación lacreación de una mesa de trabajo entre el gobierno y la sociedad civil para estudiar la implementación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en España (DHAS).
Este espacio de interlocución debería abordar los siguientes retos para una plena implantación del DHAS tanto en el Estado español como a nivel internacional:
1. La necesidad de desarrollar, a nivel nacional, pero también internacional y regional, marcos normativos que garanticen y permitan controlar el pleno cumplimiento del DHAS. El deber de los estados que ratifican la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el de promover y proteger los derechos humanos, de forma que se garanticen tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas, según la jurisdicción universal. Así, el DHAS, a nivel nacional e internacional, debe estar fundamentado sobre su naturaleza de servicio público y garantizado, tanto en nuestro país como en las actuaciones en el exterior, por operadores públicos de agua.
2. Siguiendo con el desarrollo de este marco normativo, es necesario excluir en la regulación de los servicios de agua y saneamiento los parámetros económicos que convierten a este servicio público en un activo financiero. Para ello, se deben excluir los servicios de agua y saneamiento de las reglas del mercado y de los tratados comerciales y de inversión. Hoy, la desregulación en el sector y el ánimo de lucro de los operadores privados impiden la universalización del servicio, es decir, que sea accesible independientemente del nivel adquisitivo del usuario. Además, como argumenta Catarina de Albuquerque, «la legislación en derechos humanos […] exige a los Estados a promover activamente la no discriminación». Sin embargo, los esquemas de privatización no garantizan el DHAS para las comunidades que no cumplan con el incentivo de las ganancias de las empresas privadas. También consideramos que hoy, más que nunca, se debe exigir la transparencia, participación pública y la rendición de cuentas en lo que respecta a la financiación de agua y saneamiento.
3. Es necesario asegurar una mayor financiación para el sector del agua y el saneamiento que permita garantizar los objetivos del milenio referentes al acceso universal al agua y al saneamiento. En este sentido, consideramos que es fundamental trabajar para que la financiación internacional en los proyectos de agua sea no reembolsable y no ligada, siguiendo las recomendaciones de la propia Catarina de Albuquerque quien destaca la existencia de «condiciones inapropiadas» de las instituciones financieras internacionales (IFI). El uso continuado de las condicionalidades en los acuerdos de financiación también puede distorsionar las prioridades del Estado y tener un efecto perjudicial sobre los derechos humanos. Además, la promoción de políticas centradas únicamente en el crecimiento económico ha impedido que los Estados cumplan con las obligaciones en materia de derechos humanos. A esto cabe sumarle que muchos Estados deben dedicar gran parte del producto interno bruto al servicio de la deuda externa, restringiéndose así su capacidad para determinar su propio presupuesto nacional y la asignación de recursos para los servicios públicos esenciales, como agua y saneamiento.
4. Por último, se considera fundamental la creación de mecanismos nacionales e internacionales vinculantes y con competencias extraterritoriales que amparen a las víctimas de la violación del DHAS cometidas tanto por los estados como por las IFI y demás actores responsables de garantizar el mismo.
Para poder trabajar en el desarrollo de todas estas cuestiones y a pesar de exceder las competencias de la ODH, se considera necesario un diálogo permanente con el resto de Ministerios con competencias en el sector del agua y saneamiento para que incorporen en sus normativas los estándares internacionales sobre DHAS.
Por otro lado, el incumplimiento de los objetivos del milenio pone de relieve la necesidad de buscar nuevas fórmulas para garantizar el acceso universal al agua potable y saneamiento. Para ello, consideramos fundamental acabar con la promoción de los partenariados público privados en agua y, en cambio, identificar y promover nuevas estrategias que se basen en el sin ánimo de lucro y la solidaridad. Podemos destacar, por ejemplo, las colaboraciones entre operadores públicos de agua.
Por todo ello, reiteramos la necesidad de crear un grupo estable de trabajo, entre el gobierno y la sociedad civil para debatir e impulsar estas cuestiones.
