La Plataforma per Russafa convoca a los vecinos y vecinas de Valencia a participar en una cadena humana alrededor del solar vacío del Colegio de Puerto Rico, expropiado por el Ayuntamiento de Valencia. El acto tendrá lugar el sábado, 10 de marzo a las 11.30 horas y será amenizado por el grupo detabal y dolçainaKolectiu Arreu.
La Plataforma per Russafa responde de este modo a la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació que había comprometido una entrevista con miembros de la entidad una vez que los Presupuestos para 2012 en Educación estuvieran cerrados, reunión que aún no se ha celebrado. La Conselleria tampoco ha contestado a las 900 peticiones individuales que demandan el colegio en 2012.
Problemas económicos y sociales
En la actualidad, más de 1.150 niños de Russafa no pueden estudiar en su barrio, mientras, sus familias tienen que soportar este desgaste económico, social y de calidad de vida. Cada familia que vive el éxodo escolar a otro barrio asume costes de transporte que van desde los 100 euros al mes, a 200 euros, si es fuera de Valencia. Además, los gastos de comedor se convierten en obligados y añaden un gasto extra a la economía familiar de otros 120 euros cada mes. Asimismo, el tiempo extra dedicado por padres o abuelos en acompañar al centro educativo a los menores supera los 30 minutos y puede ser de más de dos horas al día.
Por otra parte, la forzosa salida del barrio limita la autonomía de los niños para construir relaciones (quedar en pandilla, hacer deporte, ir en bici o quedar en casa de un amigo o en el parque). Y, del mismo modo, condiciona a los padres para cubrir cada día estas necesidades.
Lo público versus lo privado
La Plataforma per Russafa ha insistido, en repetidas ocasiones en la necesidad de la existencia de un colegio público en el barrio que pueda “garantizar que la educación de calidad sea un derecho universal para todos y no un negocio lucrativo para unos pocos. Un colegio público consolida que los terrenos expropiados de Russafa con el dinero de todos, se mantenga como patrimonio colectivo del barrio. Un colegio privado-concertado explotaría el solar público para sacarle rentabilidad durante los 75 años que durará la concesión. Un colegio público asegura un ratio de 25 alumnos por aula y no los 30 o más que se toleran en el privado-concertado”.
Asimismo, “un colegio público impulsa y respeta la participación de padres, alumnos y profesores en la toma de decisiones que les afectan. Un colegio público permite que sus instalaciones estén abiertas al barrio para hacer deporte, actividades culturales y sociales y así rentabilizar su uso, de todos y para todos”, afirman.
