En el «Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños» Médicos del Mundo rechaza cualquier medida que suponga la penalización de las personas en situación de prostitución por entender que se atenta contra los derechos humanos.
La atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas de trata, y con la reciente reforma sanitaria, Real Decreto 1192/2012, se está limitando la atención a la identificación de dichas víctimas.
La Prostitución y la Trata son dos fenómenos íntimamente ligados que merecen un análisis conjunto por parte de toda la sociedad. La demanda masculina de prostitución es la máxima responsable de la expansión de la industria del sexo y el aumento de la trata de mujeres para su abastecimiento, así lo reconoce el informe de Naciones Unidas, y recomienda cuestionar la demanda para acabar con todas las modalidades de esclavitud sexual.
La explotación sexual es el paradigma de la violencia social, sexual y política que se ejerce, especialmente, contra las mujeres y niñas, es una violación de los Derechos Humanos, una forma de dominación, que produce inevitablemente efectos devastadores en la salud física y mental y en la salud sexual y reproductiva, impidiéndoles lograr un mínimo grado de bienestar.
Por eso, este 23 de septiembre debemos reafirmar la lucha contra todas las formas de explotación sexual y de la trata desde el enfoque de derechos humanos y de género. Instamos al Estado Español a que redoble sus esfuerzos para su erradicación, cumpliendo los compromisos adquiridos, implementando todos los mecanismos de protección internacional para las víctimas de trata a que está obligado, y solicitamos que transponga la Directiva Europeacontra la Trata, apruebe una Ley Integral contra la Trata y que en todo caso se respete el principio de no-devolución.
La fecha del 23 de septiembre fue determinada en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, en enero de 1999 en Dhaka (Bangladesh), en reconocimiento a la Ley Palacios (Argentina 1913), primer intento legislativo para proteger a las víctimas de explotación sexual, combatir el problema de la trata de personas, penalizar a los responsables y erradicar la prostitución de mujeres, niñas y niños.
