Este año ha sido el que más superficie quemada ha registrado de la última década, 184.831 hectáreas hasta el 16 de septiembre. Además ha sido uno de los que ha habido mayor número de grandes incendios (35) de esa década. En 2012 han coincidido dos situaciones de riesgo -un verano extremadamente seco y cálido con fuertes vientos y tres olas de calor, y unos montes con gran cantidad de biomasa acumulada-, con una circunstancia agravante: el notable recorte en medios humanos y materiales dedicados a la prevención y extinción de los incendios forestales.
Junto a estos aspectos permanecen las grandes carencias de fondo de nuestra política forestal y rural: reducción de la ganadería extensiva que mantiene a raya el matorral, abandono de la recogida de leña y del cultivo agrícola en zonas de monte, monocultivos de pinos y eucaliptos en grandes extensiones sin la adecuada gestión y ordenación territorial, abandono rural y urbanización excesiva de segunda residencia en zonas de alto riesgo.
La mitigación del cambio climático, aunque parezca global y lejana, es de vital importancia para evitar las condiciones en que se desarrollan los grandes incendios. La presencia de vegetación extremadamente seca en los montes se convierte cada vez más en un peligroso combustible durante períodos estivales mas prolongados. Con más calentamiento global habrá en muchas regiones del planeta, y particularmente en la mediterránea, muchas más posibilidades de incendios incontrolados que nos harán perder biodiversidad, recursos económicos y empleo. Todos los países, todas las administraciones y todos los sectores económicos tienen responsabilidad en adoptar medidas urgentes para reducir los gases de invernadero y frenar el aumento de las temperaturas y las olas de calor.
En ese caldo de cultivo suele suceder lo que muchos expertos tantas veces han denunciado: que si un fuego en el monte, intencionado o no, no se ataja con rapidez en los primeros momentos es muy difícil controlar su expansión por muchos medios aéreos y terrestres que se pongan a su disposición. Si, además, el número y la dimensión de los mismos es insuficiente y la coordinación y efectividad fallan, la tragedia del gran incendio está servida. Y la tragedia ya se sabe en qué consiste. Es ambiental porque se pierden árboles y bosques, dehesas o prados, fauna, biodiversidad en definitiva, suelo fértil que retiene el agua, los servicios de captación de humedad y regeneración del aire, absorción de CO2 y regulación del clima que aportan los bosques. Es económica porque se pierden edificaciones, pastos y cultivos agrícolas, ganado y colmenas, los propios recursos forestales (madera, leña, corcho…) y se perjudica el turismo en las zonas afectadas, además de las ayudas aparejadas a la declaración de zona catastrófica. Y es social por la pérdida de vidas humanas, trabajadores o vecinos, y por la perdida de puestos de trabajo asociados a todas esas actividades productivas y económicas afectadas por las llamas.
Los recortes se pagan
En un contexto de cada vez más riesgo climático y a la situación a la que se enfrentan nuestros bosques no se debería producir ningún recorte en los servicios de extinción de incendios forestales. Sin embargo, en 2012 casi todas las Administraciones autonómicas han reducido los presupuestos y recortado plantillas. En el País Valenciano se ha reducido el presupuesto y la platilla de VAERSA respecto de años anteriores y se ha recortado también en agentes medioambientales y bomberos. En Galicia se ha reducido el número de trabajadores de brigadas un 5% y se ha retrasado el desarrollo completo del operativo. En Castilla-La Mancha ha habido un ERE de reducción de jornada de doce a ocho meses y de recorte de plantilla de la mitad en la empresa autonómica GEACAM. En Cataluña, los recursos humanos previstos para la campaña son un tercio de los consignados hace dos años, en Canarias, Castilla y León y en varias comunidades más se ha reducido el presupuesto respecto de los años anteriores.
Estos recortes han coincidido este año con la aprobación por parte del Gobierno del real decreto ley 25/12 que permite a las Administraciones utilizar a parados, fundamentalmente agrícolas, perceptores de prestaciones por desempleo para trabajar en tareas de limpieza y reparación de daños derivados de grandes incendios forestales. Esto puede suponer que los mismos trabajadores que han sido despedidos en empresas afectadas por recortes en actividades de prevención o extinción de incendios puedan ser obligados a trabajar en estas labores de “colaboración social”.
Comisiones Obreras lleva muchos años llamando la atención sobre la importancia de que la extinción de incendios forestales debe durar todo el año y nos solo la campaña estival y eso se logra reforzando el contingente de trabajadores que se dedican a esas tareas. Es importante la cantidad, pero también la calidad de su empleo. En 2010, uno de cada siete trabajadores en el conjunto del sector forestal, no solo el dedicado a la extinción, tuvo un accidente con baja frente a uno de cada cincuenta de la media nacional. Su profesionalidad tendría que venir de la estabilidad de su empleo, con contratos anuales indefinidos que permitan labores de prevención forestal durante todo el año, asentando además con ello población rural, y de la formación profesional, que incluyera prevención de riesgos laborales.
Para CCOO, medidas como endurecer las penas no sirven de nada si lo que subyace es una escasa investigación del origen de los incendios. Las Administraciones competentes (comunidades autónomas y Estado) deben potenciar la investigación de la causalidad de los incendios forestales, elemento fundamental para abordar políticas preventivas y poner a disposición judicial a los responsables de quemar el monte. Para ello hay que mejorar y ampliar el número de los equipos de agentes forestales/medioambientales dedicados a la investigación de la causas de los incendios, con objeto de obtener pruebas e indicios, muy complejos y difíciles de conseguir.
¿Qué propone CCOO en política forestal?
Pero para Comisiones Obreras también hace falta un giro sustancial en las políticas forestales que abarque a todos los ámbitos de decisión administrativa (estatal, autonómica y municipal) que incluya al menos las siguientes medidas:
1- Aprobación de normativas para fomentar la gestión y ordenación de montes abandonados. Ahora sólo un 10% de los espacios forestales tiene un plan de gestión u ordenación.
2- Ayudas a la inversión para acompañar a estas medidas de fomento de la ordenación y aprovechamiento forestal y vinculación de las subvenciones establecidas a la adecuada gestión forestal, preferentemente certificada.
3- Gestión forestal en todos los montes públicos mediante la puesta en marcha o, en su caso, la modificación de los planes forestales autonómicos.
4- Planes y medidas para el aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos, preferentemente para usos térmicos y especialmente para calefacción (de edificios públicos y privados y de viviendas) en zonas rurales. La producción de energía mediante biomasa forestal puede servir para reducir la presencia de biomasa seca en los montes y reducir el riesgo de incendios y, al mismo tiempo, para generar energía renovable, reducir nuestra dependencia energética y crear empleo en las zonas rurales.
5- Programa de contratación de pastores para pastoreo selectivo en zonas de riesgo, que reduzca el matorral combustible, genere economías locales (leche, quesos…) y cree empleo.
6- Plan de empleo agrario para limpieza forestal y reconstrucción y mantenimiento de infraestructuras en zonas afectadas por grandes incendios forestales.
