Los portavoces de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados avanzan en unas líneas las iniciativas o proyectos que en esta materia podrían poner en marcha a lo largo de 2013.
Así lo trasladan en distintos artículos de opinión publicados en el número 66 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Por su parte, el portavoz popular, Francisco Vañó, resalta que las personas con discapacidad y sus familias serán “una prioridad” para su grupo parlamentario en 2013. Así, manifiesta su apuesta por el diseño de políticas de educación, empleo, servicios sociales y accesibilidad, para todos, compatibles con el actual contexto socio-económico.
En este sentido, hace referencia a la creación a la que se ha comprometido el Ejecutivo de una Ley General de la Discapacidad, al cumplimiento y adaptación de la Convención de la ONU en la normativa española, y a la promoción de iniciativas en materia de discapacidad en ámbitos como la igualdad de género y la cooperación al desarrollo, o el uso de nuevas tecnologías, entre otros.
La portavoz socialista, Laura Seara, habla de “dosis de realismo” para afrontar la política social y de derechos, concretamente, las políticas de discapacidad, que se encuentran en “situación de alerta” por la crisis. Por ello, apuesta por el empleo como “cauce fundamental” para alcanzar la plena integración en todos los ámbitos, así como avanzar en la protección de derechos como en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Asimismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), Conxita Tarruella, coincide con Seara en que uno de sus propósitos para 2013 es favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, al mismo tiempo que erradicar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral. Para ello, pide la reforma de la LISMI y el seguimiento del cumplimiento de la cuota del 2% de trabajadores con discapacidad en las empresas.
También solicita la actualización de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud (SNS) para adaptarla a las necesidades reales de las personas con discapacidad; defenderá la hipoteca inversa tanto para personas en situación de dependencia, como para personas con discapacidad; y se compromete a presentar iniciativas para conseguir el suficiente apoyo de la Administración pública a favor de la discapacidad.
Por otra parte, la portavoz parlamentaria de IU, Ascensión de las Heras, desde su percepción de que 2013 será un año “tremendamente difícil” para las personas con discapacidad y en situación de dependencia, destaca que hay que priorizar las inversiones en políticas sociales, especialmente en las de atención a la dependencia; y hay que seguir fomentando la integración laboral tanto en empleo ordinario como en el protegido.
Además, el portavoz parlamentario vasco (AEJ-PNV), Emilio Olabarria, una de las propuestas que plantea es en materia de Seguridad Social, como la presentación de una iniciativa relativa a la atención de orfandad una vez ocurrido el fallecimiento del causante para aquellos hijos menores de 18 años o mayores que tenga reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Según expone, este problema lo intentarán resolver en el Pacto de Toledo, a través de negociaciones con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en negociaciones con otros grupos parlamentarios, y mediante la presentación de una Proposición No de Ley.
Por último, el portavoz del Grupo Mixto (Amaiur), Xabier Mikel Errekondo, hace referencia a una “necesaria” actualización de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, al mismo tiempo que apuesta por la lucha por un Estado de Bienestar “que garantice unos mínimos servicios sociales”.
El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.
