Así lo declara el diputado socialista Ramón Jáuregui, en relación a los contenidos de la Conferencia Política del PSOE que él coordina, ya que, según indica, “queremos establecer un compromiso constitucional para que la política del Gobierno de España asegure siempre un suelo mínimo de gasto en política social que permita sostener las paredes del modelo de bienestar”.
(Madrid, 5 de julio de 2013).- El diputado socialista y coordinador de la Conferencia Política del PSOE, Ramón Jáuregui, manifiesta que su partido quiere incorporar en la Constitución una cláusula de estabilidad social, es decir, “el contrapeso a la cláusula de estabilidad financiera que introdujimos en la Constitución en el artículo 135”.
Así lo declara en una entrevista concedida al número 86 del periódico ‘cermi.es semanal’ –órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Según indica Jáuregui, “queremos establecer un compromiso constitucional para que la política del Gobierno de España asegure siempre un suelo mínimo de gasto en política social que permita sostener las paredes del modelo de bienestar”.
En este sentido, aunque reconoce que España en este momento no tiene las posibilidades económicas para establecer una especie de renta mínima, lo que sí se puede hacer es establecer que, sin perjuicio de las leyes autonómicas de servicios sociales, el Estado establezca unos servicios sociales mínimos.
Asimismo, afirma que también quieren transformar el principio orientador de la salud para los españoles en un derecho fundamental de los ciudadanos, igual que el derecho a la educación. En este sentido, señala que quieren que el derecho a la salud esté configurado como un derecho personal e inviolable y, por tanto, “es obligación del Gobierno y de los servicios públicos atender los problemas de salud de los españoles como un derecho individual de los ciudadanos”.
Otra de las intenciones que resalta Jáuregui es establecer la competencia del Estado para determinar cuáles son los mínimos de los servicios sociales que tienen que garantizarse en todas las comunidades autónomas para que no haya diferencias entre los españoles.
En materia de discapacidad, el diputado socialista afirma que el PSOE reivindica que se fomenten las medidas de inserción laboral, “que nos parecen las más importantes”; el cumplimiento de las leyes para la inserción laboral de la discapacidad y la inclusión de la RSE como herramienta de inserción laboral de la discapacidad.
Además, asegura que incluirán el reconocimiento efectivo de las garantías existentes, en estrecha colaboración con el poder judicial y la Fiscalía General del Estado; la justicia gratuita en los casos de protección de un derecho fundamental vulnerado por razón de discapacidad, y la adaptación del marco legal español a la Convención de la ONU.
También habla de que propondrán un Plan Integral de Atención a las personas con discapacidad y sus familias, “verdaderamente transversal”; asegurar los compromisos legales ya existentes en materia de accesibilidad y reforzar la accesibilidad a la comunicación para garantizar los derechos, así como una atención especial a las mujeres con discapacidad y los jóvenes.
Otra de las líneas del proyecto socialista que destaca Ramón Jáuregui se centra en la igualdad y el desarrollo, por tanto, de políticas favorables “a quienes no son iguales para hacerles iguales ante la ley”, como es el establecimiento de un catálogo de derechos individuales que hacen iguales a quienes no lo son.
En este sentido, afirma que la lucha contra la discriminación “más importante” desde el punto de vista cuantitativo es la de género; pero, probablemente, la segunda y “con más intensidad si cabe”, es la discapacidad. Para él, la discapacidad tiene que seguir teniendo una política propia y sigue necesitando una mirada horizontal a todo lo que se hace “para que esté siempre presente en todas nuestras políticas”.
Por otra parte, Ramón Jáuregui hace referencia a la intención de su partido de estudiar la propuesta de modificar la Ley Orgánica Electoral General para suprimir cualquier restricción del derecho a voto por motivos de discapacidad, “lo cual depende del consenso con el resto de partidos políticos”, según señala. En cuanto a al proyecto de Ley de Emprendedores, aprobado recientemente en Consejo de Ministros y en el que no existe mención a la discapacidad, lo califica como “una ausencia muy lamentable”, que van a enmendar.
Entre otras cuestiones, también habla de las deudas de las administraciones públicas con las entidades del Tercer Sector de Acción Social, y expone que han planteado al Gobierno la conveniencia de establecer una especie de fondo coyuntural contra la pobreza en España.
“Las paredes maestras del Estado del Bienestar, tal y como las hemos ido construyendo en los últimos 20 años, están sufriendo gravemente, especialmente en el ámbito de los servicios sociales, de la dependencia y la atención a los mayores, de las becas y de la privatización de la sanidad”, expone. Para Jáuregui, “son cuatro boquetes muy graves que se han abierto en el edificio del Estado del Bienestar y que atentan al principio fundamental de la igualdad de los españoles, que es, no lo olvidemos, el corazón del proyecto socialdemócrata y del Estado del Bienestar”.
El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.
