Se trata de una “clara discriminación” por razón de discapacidad, según el CERMI.
El alegato por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna –que lo argumenta en una Ordenanza Municipal- es que no cuentan con presupuesto para contratar a un auxiliar de apoyo para el menor de dos años y medio que tiene parálisis cerebral, con un grado de discapacidad del 67%.
Esta Ordenanza “fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada”, expone la familia del menor.
(Santa Cruz de Tenerife, 17 de octubre de 2013)-. El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha rechazado la admisión de un menor de dos años y medio con parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 67% en las listas de acceso a las escuelas infantiles públicas del municipio, alegando que se ha excluido al menor por presentar un grado de discapacidad que no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo.
Así lo argumentan en una Ordenanza, en la que se establece que, de acuerdo al Reglamento de Escuelas Infantiles Municipales, hay que valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo.
En este sentido, la familia, al solicitar la plaza en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de dicho municipio, fue requerida para aportar una copia del certificado de discapacidad del menor y un certificado médico del mismo, el cual (emitido el pasado mes de marzo) estipulaba que era necesaria la presencia de un auxiliar de apoyo para el menor, y, ante esto, se ha alegado que no cuentan con presupuesto para contratar a un auxiliar.
Según denuncia la familia del niño, “la Ordenanza del Ayuntamiento fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada”, ya que “supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles”.
El pasado mes de marzo, la familia del menor solicitó una plaza para matricular a sus dos hijos mellizos en las escuelas infantiles públicas de San Cristóbal de La Laguna; y tras tres meses, el Ayuntamiento publicó las listas provisionales de acceso, en las que se admitía a uno de los hijos sin discapacidad en los primeros puestos de la reserva, mientras que se excluía al otro con parálisis cerebral.
Ante este caso, la familia presentó dos reclamaciones formales dirigidas al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto desde el principio.
Después de esas reclamaciones, el pasado 1 de agosto se publicaron las listas definitivas, mediante un Decreto Concejal, en las que se reflejaba la exclusión definitiva de uno de los hijos por tener una discapacidad y no tener personal para atenderle. Así, tras este anuncio, la familia volvió a presentar un recurso de reposición dirigido al alcalde, en el que se aludía a la vulneración de los principios constitucionales basados en el derecho de igualdad, de la Convención de la ONU y de los principios básicos de las leyes educativas españolas, que abogan por una educación inclusiva que evite cualquier tipo de discriminación.
Este recurso fue desestimado, tal y como se les comunicó el pasado mes de septiembre, pero se mantuvo un encuentro entre el alcalde, el concejal de Bienestar Social y el jefe de Servicio y la familia del menor, en el que las autoridades públicas se reafirmaron en su postura.
Además, también presentó una reclamación a la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, que respondió en un escrito (25 de julio) que este asunto no es de su competencia, derivándolo, así, a la Dirección General de Políticas Sociales –con quien se mantuvo una reunión por parte del CERMI Canarias y declinaron el caso- y a la Viceconsejería de Educación.
Por otra parte, interpuso, a su vez, otra reclamación ante la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y ante el diputado del Común del Gobierno de Canarias, quienes “sí han mostrado preocupación por el caso”.
“El Ayuntamiento de La Laguna, una ciudad de más de 150.000 habitantes, Patrimonio de la Humanidad, se ampara para hacer valer esta discriminación en un Reglamento de Escuelas Infantiles, aprobado por el Pleno en diciembre de 2012”, critica la familia.
El padre del menor también ha recurrido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso de discriminación. En opinión de ambas entidades, se trata de un caso de discriminación hacia el menor por razón de discapacidad a la hora de acceder a las escuelas infantiles de dicho municipio de La Laguna. “No puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad”, señalan.
El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía del Estado para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad.
