Arturo es un niño coruñes con autismo. Desde hace años cursa estudios en el CEIP Salado Torres de la ciudad herculina. Hasta ahora el rendimiento de Arturo tanto en su desarollo personal como a nivel de relación con maestros y compañeros había sido satisfactorio.
Las cosas cambiaron a principios del presente curso lectivo cuando los padres de Arturo se dieron cuenta de un cambio repentino de actitud en el niño, cuando a penas habían pasado 5 días desde lo comienzo de las clases. Los maestros de Arturo fueron sustituídos por otros y retiraron las adaptaciones que el niño tenía en el aula, así como las pautas de comportamiento con relación a Arturo (la nueva profesora se dirige al niño a grito pelado). A todo esto se unió un hecho muy significativo: la supresión de los apoyos visuales que Arturo utilizaba para comunicarse.
Toda esta situación derivó en un empeoramiento significativo de la salud de Arturo requiriendo tratamiento farmacológico. Su conducta se ve afectada por un “nivel nulo de tolerancia a la frustración” que provoca un estado de ansiedad generalizado y la imposibilidad de realizar las tareas que se le encomiendan (cosa que venía realizando hasta el presente curso sin ningún tipo de problema).
Ante esta situación, el pasado 20 de noviembre, desde el SERGAS, recomendaron la desescolarización de Arturo. Posteriormente el Director General de Educación de la Xunta de Galicia les propuso a los padres trasladar a Arturo al colegio en el que trabaja en la actualidad a pedagoga terapéutica que tant buenos resultados consiguiera en el pasado. Ante esta propuesta, los padres de Arturo no pudieron más que rechazarla ya que: “el niño no puede cambiar continuamente de colegio siguiendo a sus docentes”.
A día de hoy, Arturo volvió al aula pero sigue teniendo miedo y su inclusión sigue siendo insatisfactoria. Por su parte, la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia no tomó ninguna medida al respecto que permita mejorar la calidad de vida del niño.
El caso de Arturo es uno más de los muchos que últimamente se dan en los colegios públicos de Galicia y que están directamente relacionados con la merma de presupuestos para la educación desde el comienzo de la crisis.
Es obvio que sí se retira personal cualificado que les proporcione a los niños el trato individualizado y específico que precisen, los que más van a notar los resultados en su evolución son los propios niños y, por ende, su entorno más cercano. Ante esta situación a Administración pública conocedora del empeoramiento clínico del niño parece optar por mirar para otro lado, vulnerando así su derecho la una educación inclusiva y de calidad tal y como se refleja en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con diversidad funcional promovida por la ONU en el año 2006, y poniendo en riesgo a salud del niño.
