Un cínico PSOE firma con el PP una proposición que aplicará la cadena perpetua

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Al mismo tiempo promete eliminarla si gana las elecciones  ¿Y si no ganan?

La APDHA denuncia que la Cadena Perpetua atenta contra la dignidad y los derechos humanos.

El resto de partidos está en contra de la medida y la casi totalidad de los  juristas la tildan de innecesaria e inconstitucional.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunciamos el cinismo del PSOE ante el pacto alcanzado con el Gobierno para la lucha contra el terrorismo, que incluye la Cadena Perpetua. En un alarde de estrategia electoralista el PSOE ahora aprueba este pacto antiterrorista para “salir en la foto” y a la vez promete que la eliminará si gana en los futuros comicios. Lo importante son los votos no los ciudadanos que una vez más son tratados como marionetas ante intereses partidistas.

Desde la APDHA vemos como las peticiones de endurecimiento de las penas se han sucedido históricamente cada vez que se producían hechos que acababan con la vida de personas. Los familiares víctimas de tragedias sin sentido han hecho uso de los medios de comunicación para exigir la mayor dureza posible en las penas a los autores de los hechos. La ciudadanía puede creer que este tipo de hechos son muy habituales y que se dan con más frecuencia que en el pasado, cuando lo cierto es que son excepcionales. Estas peticiones son humanamente entendibles partiendo de la gravedad del hecho acontecido, del profundo dolor que supone la pérdida de una vida humana inocente, así como el tremendo dolor que se genera en los familiares de las víctimas, como ya hemos manifestado en otras ocasiones.

Frente a estas peticiones, una democracia fuerte ha impedido su instauración en nuestro país en épocas anteriores. La clase política, no obstante, cedió en parte introduciendo numerosas reformas de endurecimiento de penas, incluyendo el propio PSOE, aunque en estos momentos les interese electoralmente padecer un poco de amnesia,  a fin de dar satisfacción a las citadas peticiones, aún conscientes de que los endurecimientos no sirven para reducir la criminalidad. De hecho, los países con pena de muerte o cadena perpetua tienen tasas superiores a países como el nuestro, donde no existen. En España, con una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la media del resto de países, los endurecimientos generales del 2003 o de violencia de género no han servido para nada en la reducción de las infracciones penales. 

Por tanto, todos los endurecimientos no sirven nada más que para incrementar el deseo de venganza. Sorprende pues que ahora, el actual gobierno del PP, pese a tildarse como más moderado que otros como el de José María Aznar, planteen medidas a nuestro entender inconstitucionales, disfrazándolas con el nombre de “prisión permanente revisable”. Si es permanente no puede ser revisable… ¿Tal vez tenga como objetivo que nos sintamos menos culpables introduciendo dicho matiz o que pase el juicio de constitucionalidad que a buen seguro deberá enjuiciar el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el sentido de instaurar ahora esta medida, más aún cuando la principal preocupación de la ciudadanía durante décadas, la actividad terrorista, ha desaparecido? Parece ser una medida populista que obedece al momento histórico de crisis económica, intentando desviar la atención de lo que en hoy en día son los principales problemas de la ciudadanía.

En España existe ya, lamentablemente, la cadena perpetua, a pesar de no existir reconocimiento legal de la misma. Por un lado, el límite de 40 años no es absoluto, algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite. Según datos aportados desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) a 5 de mayo de 2013, 253 personas presas, prácticamente todas hombres, sin contar las condenadas por terrorismo, con condenas no acumulables superiores a los 30 años (177 de más de 30 años, y 56 de más de 40 años).

 

Por otro lado, todos los estados en los que existe reconocida legalmente la cadena perpetua, aplican revisiones que hacen más cortas las condenas, algo que no sucede  en España, donde no existe ese reconocimiento legal. En países como Inglaterra o Alemania la media de cumplimiento real es de 15 y 19,9 años, a pesar de disponer de cadena perpetua. España tiene ya, sin reconocimiento de la cadena perpetua, un sistema mucho más estricto y duro que esos países.

Los límites temporales a la condena son una exigencia del estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano, que deben tratar al infractor de las normas de convivencia de una forma distinta a la que él actuó, única forma de dar ejemplo. Encerrar de por vida a alguien supone enterrarlo en vida, eliminándolo como persona y como miembro de la sociedad. Se trata de una tortura psicológica, ya que ninguna persona puede asimilar la pérdida de su futuro.

La preocupación de los gobernantes y la sociedad debería ser las causas de los delitos, y no el absurdo del actual sistema penitenciario, que no sirve para su función de reinserción. Pues aunque no puede realizarse un análisis en profundidad en estas líneas, es evidente que bajo esas peticiones de penas subyace un gran desconocimiento de la realidad carcelaria: las más de 1.000 muertes en su interior en los últimos cinco años, los suicidios que dejan intuir la dureza de la vida en prisión, malos tratos, incomunicación familiar… ¿Cuántos suicidios más impondremos con esta nueva pena? Se está configurando la prisión como mera venganza, al incumplirse el mandato constitucional de reinserción, que es lo que debe importar a la sociedad. El ciudadano no debe salir peor a como entró, que es lo que está sucediendo.

En definitiva, si el incremento de la pena no sirve para disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, corremos el riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más ilimitada, que con sensatez y desde la lejanía al calor del momento, el estado no puede tolerar. Hay que apostar por la prevención y  la cultura de la no violencia, buscar otra forma de resolución de los conflictos sociales, trabajar las causas de los conflictos, apostar por políticas sociales serias, por la prevención y por la creación de oportunidades y derechos humanos para lo cual se requiere un adecuado presupuesto económico. Los delitos no ponen sino de manifiesto el gran fracaso social del estado, que parte de los servicios sociales comunitarios al no diagnosticar los problemas, pasando por la inexistente atención pública a los mismos.

Por ello, nuestra propuesta es que el estado repare a los familiares de las víctimas y a éstas de forma adecuada, prestándole la necesaria atención psicológica, social y económica. Los familiares tienen derecho, y así deben exigirlo, al respeto, así como a una reparación por el Estado, pero no pueden exigir convertirse en legislador. No se va a recuperar a la víctima por imponer mayor pena. El dolor requiere un abordaje emocional que el derecho penal no puede dar, por más que se eleven las condenas. El Derecho Penal no es el único, ni siquiera el más eficaz de los medios de prevención de los delitos, pero tampoco es el más apropiado para proteger y reparar realmente a las víctimas. Tiene un enorme coste económico (el gasto anual por persona presa supera los 30.000 euros) y de sufrimiento para las personas, con un beneficio muy escaso para la sociedad y para las víctimas.