¡DEVUELVAN LAS TIERRAS ROBADAS EN COLOMBIA!
El Grupo de Amnistía Internacional de Valencia celebra su Asamblea Anual de socios y socias.
Valencia.- El pasad sábado, 21 de febrero, en los locales del Centre Octubre de Cultura Contemporànea, el Grupo local de Amnistía Internacional ha celebrado su Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de socios y socias. Los y las activistas del Grupo hicieron un balance de las actividades desarrolladas durante el último año, estableciendo las líneas de acción para 2015, con especial atención a la programación de apoyo para la Asamblea General Federal de la Sección española de AI que tendrá lugar en Valencia los días 25 y 26 del próximo abril.
Merece ser destacado el acuerdo unánime adoptado al aprobar una Resolución en la que la Asamblea:
Denuncia al Gobierno colombiano, exigiéndole que devuelva las tierras robadas y garantice un retorno sostenible a sus legítimos dueños, garantizando su seguridad, y que lleve a los responsables de los desalojos forzados y de las violaciones de derechos humanos relacionadas, ante la justicia. Se solidariza con los casi seis millones de personas que han sufrido un impacto devastador al ser expulsadas de sus tierras, de las que dependía su supervivencia, especialmente las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Durante 50 años de conflicto armado en Colombia, millones de personas han sido expulsadas de sus tierras y han visto así arrebatado su sustento porque diversos actores, entre ellos, las fuerzas de seguridad y los paramilitares, grupos guerrilleros, algunas élites políticas y empresariales y los narcotraficantes, han querido y logrado mantener un control sobre unas tierras que consideraron fundamentales para sus intereses.
Amnistía Internacional está llevando a cabo una acción prioritaria de movilización durante todo este mes de febrero que tiene como objetivo presionar al Gobierno de Colombia para que se devuelvan las tierras robadas a sus legítimos propietarios, que se haga justicia y reparación. Las conversaciones de paz en curso, su viabilidad a largo plazo dependerá de la capacidad del Gobierno colombiano para devolver la tierra robada a quienes se vieron obligados a abandonarla.
