El PITA reconoce, en sede judicial, el despido improcedente de la periodista cuyo puesto externalizó. El Parque Tecnológico de Almería alegó despido “objetivo” para extinguir la relación laboral sólo 19 días después de una ampliación de capital de 1’8 millones de euros. La APA-APAL y el CPPAA lamentan comportamientos de este tipo en las empresas y, una vez más, anima a su denuncia en los juzgados por parte de los profesionales de la información que las padezcan.
El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), representado en la figura de su director general, Rafael Peral Sorroche, ha reconocido en sede judicial la improcedencia del despido de la periodista, María José López Díaz, a la que indemnizará con 2.418 euros, haciendo oídos sordos a la solicitud permanente de readmisión de esta profesional miembro de la APA-APAL y del CPPA.
El PITA es un parque tecnológico que pone a disposición de empresas parcelas y oficinas cuyos accionistas principales son la Junta de Andalucía (con un 37,36 % de las acciones), Unicaja Banco (30,04 %) y Cajamar (30,40 %). Su presidencia recae actualmente en la delegada del Gobierno en Almería, en su calidad de consejera – delegada de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA).
En la mañana del martes, 10 de marzo, el titular del Juzgado de lo Social Nº1 de Almería, Diego Alarcón, ha instado a la partes a que acercaran posiciones. La periodista María José López Díaz le ha explicado al juez que su único objetivo era la declaración de improcedencia y la readmisión, si bien el juez le ha recordado: “es potestad de la empresa optar por el pago de la indemnización o la readmisión en el puesto de trabajo”. Rafael Peral Sorroche ha negado ante el juez la posibilidad de readmisión “siguiendo instrucciones del consejo de administración”.
Vulneración de derechos adquiridos
La Asociación de la Prensa – Asociación de Periodistas de Almería (APA-APAL) y el Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería (CPPAA), critican, una vez más, la vulneración de los derechos adquiridos de los profesionales de la información que, en el caso de María José López Díaz, revisten una gran “inhumanidad”, toda vez que a la periodista le fuera recortada su jornada laboral al 50 % el 1 de enero de 2013 para, precisamente, evitar la extinción de su contrato. Del mismo modo, a la periodista le fue negada la posibilidad de “presentar oferta” entre las empresas de comunicación invitadas para seguir llevando, de manera externa, la comunicación del Parque Científico-Tecnológico de Almería.
Así las cosas el director general del PITA, Rafael Peral, no dudó en aplicarle a la periodista el 15 de septiembre de 2013, tan sólo 19 días después de que quedara inscrita en el Registro Mercantil de Almería (el 27 de agosto de 2013) una ampliación de capital en la empresa de 1’8 millones de euros, el despido de la empresa.
Externalización del servicio
En la carta de despido, el PITA alegaba que la decisión “ha sido tomada como última medida, debido a no haber existido otra solución posible, amortizando la empresa su puesto de trabajo”. El PITA, sin embargo, contrató con una empresa externa el servicio de comunicación que prestaba María José López Díaz. Así lo informaba el propio director general a las empresas instaladas en el parque, a través de un e-mail con fecha 9 de octubre de 2013, donde, entre otras cosas, indicaba que se había incorporado a la sede Pitágoras la nueva empresa que iba a “desarrollar entre otras tareas asesoramiento en la relación con medios de comunicación: envío de convocatorias, redacción y envío de notas de prensa. Estos servicios están a vuestra disposición, de forma totalmente gratuita”. Finalizaba el texto indicando que “desde el PITA queremos seguir incorporando servicios de valor añadido a nuestras empresas, por lo que os animamos a contactar con esta profesional que podéis encontrar en nuestras dependencias en la tercera planta”.
La carta de despido de María José López Díaz detallaba igualmente la “mala situación económica” que atravesó el PITA en años anteriores al 2013 “con pérdidas de 111.171,15 euros en el año 2010; 90.908,49 euros en el año 2011; y 823.604,17 euros en el año 2012 y además las previsiones para el futuro a medio plazo no son nada esperanzadoras”, dice textualmente el documento.
La APA-APAL y el CPPAA lamentan comportamientos de este tipo en las empresas y, una vez más, anima a su denuncia en los juzgados por parte de los profesionales de la información que las padezcan.
