La APDHA pone en conocimiento del Parlamento el grave ataque a la institución del Defensor del Pueblo andaluz como comisionado del parlamento, para que actúe con contundencia

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA ha dirigido a todos los miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía la siguiente carta:

 

El Gobierno, en una decisión sin precedentes conocidos, ha denegado al Defensor del Pueblo Andaluz el acceso a un centro penitenciario, en este caso al de Córdoba.

 

A finales de febrero, la Oficina del Defensor atendió una llamada del Centro Penitenciario de Córdoba advirtiendo de que había recibido una comunicación oficial de IIPP en la que denegaba la petición de que Jesús Maeztu cursara visita al módulo terapéutico de dicha prisión. Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para rechazar el acceso aludían a que no era conveniente alterar el régimen penitenciario habitual de los internos.

 

El objetivo del Defensor era conocer el funcionamiento de los módulos especiales en los que los reclusos con trastornos mentales reciben la atención y el tratamiento oportuno, siendo la asistencia médica especializada además prestada por el SAS a todos las personas presas en Andalucía.

 

Instituciones Penitenciarias, por el momento, no ha querido aclarar las circunstancias de este rechazo.

 

El Artículo 49 del  Reglamento Penitenciario (‘Comunicaciones con autoridades o profesionales’), en su punto 2, establece que “las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo». En el mismo sentido se expresa el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

 

 

El hecho de haber impedido la visita de una Institución como el Defensor del Pueblo Andaluz a una prisión entendemos que es un ataque directo a las competencias autonómicas. Es un hecho muy grave que no solamente atañe a esa Institución sino que, como Comisionado del Parlamentodesignado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución,es un ataque al pueblo andaluz y un ataque a todos los que trabajamos en la defensa de los derechos Humanos en Andalucía.

 

Debemos recordar que su entrada en prisión permitió elaborar informes tan importantes de dicha institución como la “Situación de los presos andaluces que cumplen condenas en centros penitenciarios fuera de Andalucía”, “Mujeres en prisión”, “Situación de los enfermos mentales en Centros Penitenciaros andaluces” y “La intervención de la Junta de Andalucía en el Sistema Penitenciario: colaboraciones más destacadas”. Su trabajo ha sido fundamental para salvaguardar los derechos de las personas presas, no solo frente ante instituciones del estado sino también ante la Administración Andaluza. Muchas de sus recomendaciones han sido específicas para la Junta como la reanudación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, la dispensación de los tratamientos de la hepatitis C, el que la Junta siga abonando las prestaciones no contributivas a los presos…

 

Nos resulta increíble que en un estado democrático existan instituciones cada vez más cerradas, opacas y poco trasparentes que imposibilitan no solamente que la sociedad civil participe o fiscalice el cumplimiento de los derechos humanos sino incluso a las instituciones creadas para tal fin.  Nos parece intolerable y le dirigimos la presente solicitando que actúen con rigor, y que se dirijan al  Ministerio del Interior para que  se excuse y depure responsabilidades.

 

En época de elecciones, donde todos han hablado de trasparencia, Instituciones Penitenciarias cada vez lo es menos. Las personas presas son unos de los colectivos más indefensos de la sociedad y los que más se dirigen a los colectivos defensores de derechos humanos como nosotros  e instituciones como del Defensor del Pueblo denunciando vulneraciones de derechos de todo tipo.

 

Entendemos que  es una ilegalidad intolerable que podría constituir incluso una infracción penal (Art. 502.2 del Código Penal[1])  y que el Parlamento Andaluz como representante de todos los Andaluces debe exigir respeto a sus Instituciones y defender la actuación de aquellos expresamente creados para hacer cumplir los derechos Humanos y más teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

 

Como Colectivo defensor de los Derechos Humanos en Andalucía estamos dispuestos a estudiar posible querella por ante la probable infracción Penal en la que pudiera haber incurrido por el Ministerio del  interior como acusación Popular, pero entendemos que es el Parlamento Andaluz el que debe reaccionar en primer lugar haciendo garantizar el respeto por las Instituciones Andaluzas.

 

Sin más y con todo el  respeto que nos merece el Parlamento Andaluz como representante de todos los ciudadanos, nos ponemos a  su entera disposición”.

[1] CAPÍTULO III. De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes

SECCIÓN 1. Artículo 502. 2. Delitos contra las Instituciones del Estado. En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación.