Querella por la creación de la empresa mixta de gestión de agua en Barcelona

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Presentada por la plataforma Aigua és Vida, de la que forma parte Ecologistas en Acción

Argumenta que hubo una adjudicación a dedo y numerosas irregularidades en la creación de la empresa que gestiona el servicio integral del agua

Los responsables técnicos y los miembros del Consejo del  Área Metropolitana de Barcelona (AMB) podrían enfrentarse a una querella criminal por la creación de una empresa mixta para gestionar el servicio integral del agua. La querella argumenta que eran plenamente conscientes de que se produjo una adjudicación a dedo y numerosas irregularidades en la creación de la empresa mixta, tal y como se desprende de un informe de la  Oficina Antifraude de Cataluña.  La plataforma Aigua és Vida, a través de Ecologistas en Acción, Enginyeria sense Fronteres y la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), presentó hoy la querella.

El 2012 la AMB creó una Sociedad de Economía Mixta (SEM) sin concurso público y, por tanto, omitiendo el procedimiento de adjudicación aplicable. Se alegó entonces que AGBAR era la única empresa que podría prestar el servicio. Un proceso de regularización que puede ser considerado irregular, como alega la querella presentada, y que beneficia los intereses privados frente a los públicos.
En la creación de esa Sociedad Mixta se estableció que el 85% correspondería a AGBAR (la empresa privada) y el 15% a la AMB.

Existió una valoración arbitraria de los activos, según concluye un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) hecho público hoy. “Encontramos una nula fiscalización de los activos aportados por AGBAR”,  valorados en 476,45 millones de euros”, asegura. “En cuanto a los activos aportados por la AMB a través de los de la Entitat Metropolitana de Sanejament SA, se valoran en 50,55 millones de euros, elemento inverosímil teniendo en cuenta que la valoración hecha por la Agencia Catalana del Agua (ACA) fue de 968 millones”.

La Sociedad de Economía Mixta, por tanto, otorgó mayor participación a la parte privada, en detrimento de la pública, sin justificación alguna.

El informe de la OAC también cuestiona la ausencia de concurso público Y “la falta de un análisis jurídico y especialmente económico de títulos al amparo de los cuales AGBAR ha venido prestando el servicio de suministro de agua”. Apunta al hecho de que las concesiones a AGBAR estaban extinguidas.

La querella presentada hoy se basa en este informe y otros documentos previos que confirman que la creación de esta sociedad sin concurso público fue irregular. Una sentencia de 2010 apuntaba a que la prestación del servicio por parte de AGBAR era ilegítima ante la falta de contratos en vigor.

Y años antes un informe encargado al catedrático en Derecho Administrativo Eduardo Garcia de Enterria por la propia AMB concluía que “existen razones jurídicas suficientes para afirmar que los derechos de AGBAR en la prestación del servicio a Barcelona” acabaron en 2003. No existía tampoco, según ese informe “un verdadero título concesional”  para la prestación del servicio en otras localidades.

Los documentos mencionados y otros materiales sirven como base para la querella criminal presentada hoy  ante el Juzgado de Guardia de Barcelona. Es necesario investigar todos los presuntos delitos contra la administración pública vinculados a las sospechas e indicios que puedan haber cometido la Dirección Técnica de la AMB y los miembros del Consejo Metropolitano.